Por: Alfonso Vélez Jaramillo
El asesinato de Darly Natalia Anaya, una niña hallada muerta en un cafetal, en El Pital, y el de la pequeña indígena Yuliana Samboní, cometido por un miembro de la alta sociedad bogotana, entre muchos otros, son dos graves crímenes que estremecieron lo más sensible del ser humano.
Los delitos contra los menores no tienen clase social, religión, partido politico, inclusive, ni condición humana y todo niño en Colombia vive en permanente peligro.
El abuso y la muerte violenta de un niño causa ira, mucho dolor y genera las condiciones para que el pueblo reaccione pidiendo penas extremas, como la pena de muerte y la cadena perpetua, precisamente por la atrocidad y la frialdad como han sido acometidos.
Las estadísticas de medicina legal indican que en solo un año más de 8 mil niños son víctimas de abuso sexual, asesinatos y toda clase de abusos contra su libertad y su vida.
En Colombia, la pena máxima, según el código penal, es de 60 años que muchas veces se paga con menos de 30 por todos los beneficios, un condenado puede acceder a la libertad condicional al cumplir la tres quintas partes, sin contar, de entrada los convenios con la fiscalía, mas el buen comportamiento e inclusive si estudia peuede sali con 27 años.
Sin embargo, creo que la mal denominada cadena perpetua a la que el Congreso está haciéndole propaganda profusamente en los medios de comunicación, no es sino una mampara para ganarse la simpatía, ahora que están tan mal parados, y por tal razón coreo al ex ministro de Justicia Yesid Reyes Alvarado, profesor de derecho penal de la Universidad de los Andes, “una ley como esta da una falsa sensación de tranquilidad”
¿Por qué?, porque las causas del delito están seriamente descuidadas por el Estado y “se hace uso del derecho penal para satisfacer las demandas populares de justicia, haciendo creer que ya hubo una intervención del problema”. Y agregó yo: detrás de esta iniciativa está la politiquería.
La finada Gilma Jiménez, obtuvo más de 250 mil votos para el senado, la más alta votación en ese momento, luego de ser concejal de Bogotá y ahora sigue su hija en las mismas.
Los principios constitucionales, señalan que las penas en Colombia son resocializadoras, de manera que la cadena perpetua no cumple el fin de resocializar al individuo.
Nuestra Constitución prohíbe las penas imprescriptibles, o sea que no puede haber prisión perpetua, los demás es carreta, inclusive, creo que no va a pasar en la Corte que estudia el proyecto y ya existen precedentes en anteriores sentencias.
Deben acabar los beneficios para los condenados por delitos contra niños, si lo condenan a 60 años, que pague sin ninguna clase de prebenda, y quien lo haya cometido si tiene 18 años, saldrá de la cárcel cuando tena 78, esto sí es prácticamente, una cadena perpetua. Pero si lo explican de esta manera no consiguen votos.
Creo que la Corte declarará inconstitucional este proyecto de Ley, la dosificación de una pena tiene limites constitucionales y los convenios y tratados de Derecho Internacional sobre Derechos Humanos suscritos por Colombia, piden que los países eliminen la pena de muerte y la cadena o prisión perpetua, de acuerdo con el artículo 34 de nuestra norma superior, “hay penas según los hechos, pero no hay penas imprescriptibles en Colombia”.
