También son señalados de distribuir productos de aseo y medicamentos vencidos en tiendas y droguerías.
Un trabajo investigativo y articulado de la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, INVIMA, Secretarías de Salud y peritos especializados, permitió impactar una red que sería responsable de alterar y comercializar alimentos de la canasta familiar, productos de aseo y medicamentos vencidos, a proveedores que contratan y licitan con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Fueron capturadas 12 personas en diligencias realizadas en Medellín (Antioquia), Barranquilla (Atlántico) y Bucaramanga (Santander) donde además se incautaron aproximadamente 70 toneladas productos manipulados y en malas condiciones sanitarias.
El material de prueba obtenido da cuenta de que, al parecer, esta organización criminal adquiría grandes cantidades de alimentos en descomposición, deteriorados, con fechas de caducidad vencidas o muy cercanas a vencerse en puertos marítimos de la Costa Atlántica como Cartagena y Barranquilla o en almacenes de grandes superficies.
Posteriormente, los productos eran trasportados a diferentes bodegas de acopio, en donde presuntamente, les modifican las fechas de vencimiento, los mezclaban con otros insumos de menor calidad con el fin de alterar y rendir los alimentos, tratando de darles apariencia de originalidad. Una vez surtido el proceso de alistamiento, los productos eran reempacados sin las mínimas condiciones de higiene.
Además se estableció que, para algunos insumos como la leche y formulas infantiles, aparentemente utilizaban empaques de marcas reconocidas en los que envasaban barreduras de leche (sobrantes que salen de las bodegas de almacenamiento en puertos) o lácteos en polvo de baja calidad, que han ingresado al país de forma ilegal, provenientes de otros países como Chile, Uruguay, Finlandia, sin contar con registro sanitario del INVIMA.
En cuanto a los elementos de aseo y medicamentos, entre estos antibióticos, hay indicios de que, presuntamente, los distribuían en tiendas, supermercados y droguerías de pequeña superficie, también con las fechas de caducidad alteradas, representando un peligro para la salud de la comunidad.
Por estos hechos, fiscales adscritos a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentaron ante jueces de control de garantías a los señalados responsables de estas actividades ilegales, y les fueron imputados, de acuerdo con su participación y posible responsabilidad, los delitos de: corrupción de alimentos, productos médicos y material profiláctico; imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias; usurpación de derechos de propiedad industrial; y concierto para delinquir.
Los procesados son: Robinson Varón Cano, Yoni Alexander Naranjo Parra, Lisdley Herrera Montoya, Gloria Teresa Reyes Lozano, Jairo Quintero Felizzola, Jesús Arnulfo Giraldo Aristizabal, Jhon Fredy Sierra Ospina, José William Giraldo Gómez, Farley Alberto Jiménez Macías, Javier Díaz Plata, Doris Cardozo Duarte, y Álvaro Quintero Gutiérrez. Estas personas recibieron medidas privativas de la libertad.
