Por: Gerardo Aldana García
Es un hecho claro e insoslayable el papel que representa la Cámara de Comercio del Huila en las realidades y prospectivas del desarrollo integral del Departamento. Se reconoce en esta entidad un rol evidentemente dinamizador en diversos procesos que acometen la vida del territorio y sus moradores, lo que va mucho más allá del connatural ámbito institucional asociado a la certificación de la costumbre mercantil, arbitraje, conciliación y amigable composición, y participación en exposiciones y recintos feriales. La entidad puede y suele llevar a cabo la elaboración y ejecución de estudios de interés general para el desarrollo de la comunidad. En este orden de ideas, la salud institucional en términos de la estabilidad interna de la misma en un aspecto tan determinante como el de disponer en propiedad de su representante legal, dígase Presidente, resulta de alta sensibilidad para la región. Seguramente que, si la Cámara de Comercio del Huila, en un hipotético e improbable, tal vez improcedente escenario, tuviese negocios en la Bolsa, sería contundente la caída de sus acciones por cuenta de la interinidad que desde hace algunos meses afecta a la entidad. Y no es un ejemplo traído de los cabellos; a manera de ejemplo se puede tomar como referencia el impacto que ha podido tener en la caída de las acciones de Ecopetrol en la bolsa Nueva York, a raíz del cuestionamiento al que está actualmente expuesto el presidente de la estatal Ricardo Roa Barragán, al haber sido objeto de formulación de cargos por parte de la Comisión Nacional Electoral – CNE por actuaciones derivadas de su condición de Gerente de la Campaña Petro Presidente 2022 – 2026.
Es por eso que, preocupa el hecho de que, a hoy, los integrantes de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio del Huila no se pongan de acuerdo en la decisión tan importante de abrir una convocatoria para proveer en propiedad el cargo de presidente de la entidad. Por supuesto que, en tratándose de una región tan compleja como es Huila, en donde los intereses politiqueros y personales se imponen con asombrosa frecuencia frente a los de la comunidad, no es de sorprenderse que el enrarecido conflicto entre los dos bandos existentes en la Directiva de la institución se venga presentando y seguramente se mantenga de forma indeterminada, en detrimento de los huilenses. De acuerdo con la información que ya el Huila conoce, a la sazón de los hechos actuales de la entidad, de los 9 miembros de la Directiva, un bando está conformado por 3 delegados de lo público, es decir del gobierno, más 1 que proviene del sector privado pero que, como se dice en el argot popular, se barquetió, con lo que se afora en un total de 4.El otro bando está integrado por 5 delegados del comercio de la empresa privada.
Luego que el Juzgado Primero Civil del Circuito suspendiera provisionalmente la elección de la presidente Lina Marcela Carrera, y que acciones de tutela en contra de este fallo instauradas por la doctora Carrera hayan sido ahogadas, la entidad designó, conforme sus estatutos lo establecen, a la Directora Financiera y Administrativa Sandra Constanza Clavijo Monrroy, quien es por reglamento la Presidente Suplente, y a quien se le ve muy dinámica y propositiva en sendas reuniones y relaciones interinstitucionales en las que la Cámara interviene.
Sabiendo que el asunto esencial del actual desacuerdo entre los bandos mencionados está fincado en la conveniencia o no de realizar la convocatoria, se logra conocer que, aquella minoría de los 4 miembros puede asumir que, frente a los fallos de juzgado y tutela, queda claro que jurídicamente la elección de Lina Marcela Carrera, que en su momento reemplazó a Ariel Rincón Machado, no tiene piso y en consecuencia el camino prudente y conveniente para la entidad es proceder a convocar y proveer el cargo conforme a los méritos y requisitos que el mismo exige y contiene por reglamento. Este bando no tiene el poder para provocar la aprobación de dicha decisión en la Directiva, dado que son minoría. Desde la orilla del bando de los 5, aunque son mayoría, tampoco tiene la exigida por estatutos definida como Absoluta, dado que esta se conforma con 6 de los 9 miembros. Imagino que las gestiones de convencimiento entre miembros de uno y otro bando de la Directiva buscarían obtener esa mayoría absoluta, por lo que políticos, afiliados y funcionarios de la entidad se deben estar preguntando: ¿quién será de los 4, el que dé el brazo a torcer?
Ahora bien, el otro bando, el de los 5, puede considerar que, la suspendida presidente Lina Marcela Carrera, tiene unos derechos derivados del contrato que habría firmado a un término de 5 años, con un salario mensual que rondaría los $34.000.000., y que, si la ejecutiva que actualmente se encuentra en una licencia no remunerada, llegase a hacerlo efectivo, la entidad tendría que pagar, con recursos propios, que seguramente no tiene, un monto millonario que podría ascender a $1.000.000.000. Cualquier lector pensaría que una entidad como la Cámara de Comercio del Huila debe tener ese monto y mucho más; pero no sería así, esta institución maneja importantes recursos que son de origen público y que no podrían emplearse en un pago de esta naturaleza laboral, sin exponerse a incurrir en un peculado. El hecho es que, en cualquier momento la expresidente Lina Marcela Carrera puede, al dar por terminada su licencia no remunerada, la que por su propia voluntad pidió en aras de permitir un espacio para que la entidad y su directiva pudiesen analizar y resolver de fondo el asunto administrativo, regresaría a la entidad y de forma automática debiese ser incorporada a la nomina mensual, suscitando con ello la incómoda y onerosa situación de dos presidentes de la entidad que exigirían el mismo salario; una en ejercicio y la otra ostentando el contrato que suscribió formalmente con la Cámara de Comercio del Huila. Es claro que el asunto, al lindar al escenario de lo laboral y de no lograrse acuerdo económico, saltaría a un eventual ámbito de demanda propiamente dicha ante un Juzgado Laboral.
En todo caso, mientras todo esto sucede, la región reclama de la Cámara de Comercio del Huila y especialmente de su Junta Directiva, deponer intereses grupistas, ideológicos, polítiqueros o personales, y en su lugar, asumir la posición responsable en procura del bien común que el Huila requiere y demanda.
