La Cámara de Representantes aprobó con 124 votos la Reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), un acto legislativo que redefine la distribución de recursos y competencias entre la Nación y los territorios.
Este cambio incrementará gradualmente el porcentaje de las transferencias a departamentos y municipios, pasando del actual 20% al 39,5%, con el objetivo de fortalecer sectores clave como educación, salud y saneamiento básico.
Más recursos para las zonas más rezagadas
El proyecto prioriza el apoyo a las regiones más marginadas, fomenta la asociatividad territorial y asegura la inclusión de los tres años de preescolar dentro de los recursos destinados. Durante su intervención, el representante Carlos Ardila subrayó: “Siempre se dijo que debíamos tener una mayor autonomía en las regiones para corregir la desigualdad que existe en los territorios”.
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Además, se plantea una reforma administrativa para reorganizar de manera eficiente las competencias entre los diferentes niveles de gobierno, un aspecto clave para garantizar que los recursos se utilicen de forma óptima y transparente.
Debates y desacuerdos
Aunque la reforma recibió un respaldo mayoritario, algunos representantes expresaron preocupaciones. Entre ellas, el corto plazo de seis meses para presentar una ley de competencias, la delimitación entre recursos y funciones para evitar duplicidades, y la necesidad de establecer un respaldo fiscal realista que garantice la sostenibilidad del modelo.
La representante Katerin Juvinao defendió una propuesta que planteaba un aumento del 37%, basado en las recomendaciones de la Misión de Descentralización, argumentando que “este porcentaje permitiría autonomía regional sin comprometer la sostenibilidad fiscal del país”. Sin embargo, su iniciativa fue rechazada en la plenaria.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y varios gobernadores, como Carlos Amaya de Boyacá, acompañaron la sesión. Amaya, en calidad de presidente de la Federación Nacional de Departamentos, respaldó la reforma, señalando que, aunque no beneficiará a los mandatarios actuales, “es una forma de proyectar una mejor atención a un futuro cercano para las regiones”.
El aumento de las transferencias comenzará en 2027 y se implementará de forma gradual durante los siguientes 12 años, marcando un cambio significativo en el modelo de descentralización que busca saldar una deuda histórica con los territorios desde la Constitución de 1991.
Con su aprobación en el octavo y último debate, la reforma entra en su etapa de conciliación. Este paso final será crucial para afianzar un proyecto que promete transformar la relación entre la Nación y las regiones, reduciendo desigualdades y fortaleciendo la capacidad de los territorios para responder a las necesidades de sus habitantes.
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