Aníbal Charry González
Decía en el programa radial Línea 18 que se transmite por la emisora Neiva Estéreo que dirige el destacado y curtido periodista Jorge Parga, donde intervengo habitualmente como analista, a propósito del nuevo megaescándalo de corrupción que involucra a la clase política, que esta era la megaplaga que había que extirpar en este desventurado país enquistada principalmente en el Congreso de la República producto de un sistema político electoral hediondo como tantas veces lo he reiterado, que hace posible que la corrupción sistemática sea el ADN de su comportamiento que se irradia a todas las instituciones del Estado con fines de enriquecimiento ilícito, y lo que es mucho más grave, pudriendo, porque no se puede utilizar otra locución, la función de legislar.
Y para muestra, era precisamente este nuevo megaescándalo de los carrotanques en la Guajira, generado por las declaraciones que ha dado el exsubdirector de desastres de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, Sneyder Pinilla, ahora testigo estrella de la Fiscalía -por fortuna con nueva y limpia titular que descarta nuevos envenenamientos que conduzcan a la impunidad-que involucra a altos funcionarios del Gobierno Nacional y congresistas, nada menos que a los actuales presidentes del Senado Iván Name y de la Cámara Andrés Calle, y a la consejera presidencial Sandra Ortiz.
Y es que lo denunciado por Pinilla amenazado de muerte por sus declaraciones en este país de enjambre de testigos mandados a declarar a la eternidad, es precisamente el procedimiento infame de siempre de utilizar recursos del Estado en alianza con servidores públicos y contratistas, en este caso de la UNGRD, que desembolsó 46.800 millones de pesos a una empresa de fachada, que parte fueron utilizados para impulsar en el Congreso la aprobación de varios proyectos, siguiendo instrucciones de altos funcionarios del Gobierno como la consejera presidencial Sandra Ortiz -exsenadora y miembro de la Alianza Verde-, sindicada por Pinilla de entregarle 3000 millones de pesos en efectivo al cuestionado presidente Iván Name -investigado por la Corte Suprema de Justicia por alianzas electorales con bandas criminales y principal opositor a las reformas del presidente Petro-, de 6000 millones que se habían acordado que recibiera para aceitar el trámite de esas reformas.
Y cosa rara, también se menciona al senador conservador Carlos Andrés Trujillo como jefe político del oscuro Olmedo López anterior director de la UNGRD, que siendo de Antioquia logró conseguir 20.000 votos en Uribia-La Guajira, cuya financiación seguramente habrá de pagarse con los recursos del Estado, que confirma el ADN de corrupción de que hablé como consecuencia de ese torcido sistema político electoral que sirve para elegir representantes de la corrupción y no del pueblo para que legislen en su beneficio, que impone, ahora que el presidente Petro habla de un acuerdo nacional, que se aterrice a ver si con una constituyente nos podemos librar de la más peligrosa banda que tenemos con una reforma a fondo, como que son los auténticos carrotanques de la podredumbre que impiden que se hagan limpiamente las reformas que necesita con urgencia nuestro pueblo.
