“Casagua utilizó al Concejo como escudo político”. La concejal Lourdes Mateus señaló a Diario del Huila que la decisión del alcalde de incluir la reestructuración con la eliminación de 120 cargos en un mismo decreto, le permitió que el costo político de la ‘masacre laboral’ fuera compartido con el cabildo. Señaló igualmente que Casagua no cumplió el acuerdo al no socializar el decreto.
DIARIO DEL HUILA, INFORME
Por: Gustavo Patiño
La reciente reestructuración administrativa en Neiva, ordenada por el alcalde Germán Casagua en el decreto 0428 del 2024, ha generado una intensa polémica en el Concejo Municipal por cuenta de la eliminación de 120 cargos, 30 provisionales y 90 de carrera, dentro de la estructura administrativa, lo que ha generado en la opinión pública críticas y ha sido tildado como masacre laboral. En una entrevista con Diario del Huila, la concejal Lourdes Mateus expuso sus críticas sobre el proceso, señalando que la administración municipal, encabezada por Casagua, ha utilizado al Concejo como un «escudo político» para evitar asumir la plena responsabilidad de la denominada masacre laboral.
Responsabilidades compartidas
Mateus explicó que la reestructuración implementada en el decreto expedido el pasado jueves por el alcalde tiene dos componentes principales: un rediseño institucional y la supresión de cargos dentro de la planta de personal. Según la concejal, estos dos aspectos, aunque relacionados, tienen implicaciones legales y políticas distintas, y han sido manejados de manera que permiten al alcalde compartir las responsabilidades con el Concejo, incluso cuando algunas de las acciones no requerían la autorización de este último.
“El alcalde ha hecho una movida política para aprovechar y que la responsabilidad sea compartida por esta masacre laboral. Es como si la administración municipal estuviera poniendo de escudo político al Concejo de Neiva para no asumir completa la responsabilidad que él autónomamente tenía sobre el poder de definir algunas atribuciones que le atañe la ley”, afirmó Mateus, subrayando que este tipo de maniobras desvirtúan la función del Concejo y erosionan la confianza en la administración local.
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Dos ramas en la reestructuración
La concejal explicó que, según el decreto emitido por Casagua, la reestructuración tiene dos ramas o funciones principales. La primera, el rediseño institucional, es el «croquis» de cómo funciona la administración, determinando cuántas secretarías, direcciones y demás dependencias existirán, y cómo se fusionarán o reorganizarán. Para esto, el alcalde necesitaba la autorización del Concejo, una facultad que los concejales le otorgaron en lo que Mateus describe como un «salto de fe». “El Consejo de Neiva le cedió al alcalde la facultad de decidir cómo hacer ese rediseño institucional. Sin embargo, hay otro componente en ese decreto, que es la supresión de cargos dentro de la planta de personal, y para esto, el alcalde no necesitaba autorización del Concejo Municipal. Pero claro, esto tiene un costo político”, explicó Mateus.
La concejal sugirió que, al combinar ambas acciones en un solo decreto, el alcalde ha intentado diluir la responsabilidad política de la supresión de cargos, haciendo que el desgaste no recaiga solo sobre él, sino también sobre los concejales que aprobaron el rediseño institucional. Esta estrategia, según Mateus, representa una «jugada política» para evitar las críticas que podrían surgir del impacto negativo de los despidos.
Incumplió el acuerdo
Uno de los puntos más críticos en la postura de Mateus fue su denuncia de que el alcalde Casagua no cumplió con el acuerdo municipal que establecía las condiciones bajo las cuales se le otorgaron las facultades para llevar a cabo la reestructuración. Según la concejal, el acuerdo 002 de 2024 aprobado en mayo por el Concejo estipulaba claramente que, antes de expedir los actos administrativos que modificarían la estructura de la administración municipal, el alcalde debía socializar estos cambios con el Concejo.
“El acuerdo municipal que fue aprobado tenía una indicación clara: el alcalde debía venir al Consejo a socializar los actos administrativos antes de modificarlos. Esto es algo que el alcalde no hizo. Se presentó solo el 4 de julio, pero cuando le solicitamos los estudios previos que soportaban ese rediseño, nunca llegaron. De hecho, recibí una respuesta oficial el 5 de agosto en la que se me informaba que el documento estaba ‘en construcción’. Esto demuestra una clara falta de transparencia y un incumplimiento del acuerdo municipal”, denunció Mateus.
Mateus también expresó su preocupación por la falta de información clara sobre cuántos cargos de carrera administrativa han sido realmente suprimidos y qué empleados han recibido notificaciones de despido. Según la concejal, la administración municipal no ha proporcionado datos concretos, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre y temor entre los empleados municipales. “No hay certeza sobre cuántos fueron los cargos de carrera administrativa que estaban ocupados y a los que realmente se les ha notificado su supresión. Esto es algo que no se socializó con el Consejo y que tampoco ha sido comunicado de manera clara a la opinión pública. La administración ha creado una situación de incertidumbre que afecta no solo a los trabajadores, sino también a la confianza en la gestión municipal”, subrayó.
La jugadita política
Según la cabildante, esta estrategia de incluir la reestructuración administrativa junto con la eliminación de cargos para ‘poner como escudo al Concejo’ ha roto la confianza entre el Concejo y la administración, generando un mal ambiente que podría tener repercusiones duraderas.
“Fue un asalto en la buena fe de los concejales, que yo la advertí, y yo hoy lo dije en la sesión ‘se los dije: los saltos de fe son peligrosos en la política’, justamente porque puede prestarse para situaciones como las que efectivamente en este momento se están dando ahora. Si el alcalde no cumple un acuerdo municipal, no cumple un acuerdo de su junta directiva, entonces ¿qué le podemos pedir a la ciudadanía de que cumpla la ley? si el alcalde que tiene que dar ejemplo se pasa por la galleta a un acuerdo municipal que fue aprobado en el Consejo en mayo del 2023 y se lo pasa a menos de cuatro meses ¿qué le pedimos a la ciudadanía, qué exigencia hay?”, cuestionó la concejal, subrayando que esta situación pone en entredicho la capacidad del Concejo para garantizar que se cumplan las normativas municipales.
¿Ya para qué?
En respuesta a la controversia, algunos concejales han propuesto que se convoque al secretario general de la administración municipal para que explique el acto administrativo y el proceso que llevó a la reestructuración. Sin embargo, Mateus cuestionó la utilidad de esta medida, dado que el decreto ya ha sido firmado y las decisiones ya han sido implementadas. “Están haciendo una proposición para que venga el Secretario General a explicar el acto administrativo, pero ¿para qué, si el decreto ya está firmado? El incumplimiento ya se dio. Ahora hay un estudio técnico, pero tengo mis dudas sobre qué tan técnico es realmente. No me parece que se justifique. Por ejemplo, mantener una Subdirección de Asuntos Religiosos mientras se eliminan cargos relacionados con asuntos de género y la población LGTBI. Esto parece más una decisión política que técnica”, afirmó Mateus.
La concejal explicó que la discusión frente a la subdirección de Asuntos Religiosos. Versus las acciones en cuanto a mujeres, género y diversidades sexuales se había dado en el debate del Plan de Desarrollo Municipal. Ya que la subdirección cuenta con un presupuesto de 500 millones de pesos para una estrategia. Mientras que la entonces secretaría de la mujer contaba con el mismo presupuesto para implementar cinco estrategias.
Reestructuraciones a medida
Una de las preocupaciones más profundas expresadas por Mateus es la tendencia de los alcaldes de turno. A realizar reestructuraciones administrativas cada vez que asumen el cargo. Basándose en intereses políticos en lugar de en las necesidades reales del municipio y la administración pública. “Lo que no puede seguir pasando en esta ciudad es que cada alcalde que llegue termine haciendo una reestructuración administrativa. Estas reestructuraciones deben responder a las necesidades del Municipio, no a las visiones del equipo político que esté en el poder en ese momento. Si no cambiamos esa mentalidad, seguiremos viendo cambios que no responden a los verdaderos intereses de la ciudadanía”, advirtió Mateus.
La concejal subrayó la importancia de que la estructura de la administración municipal. Sea diseñada para cumplir con la función del Estado y no para servir a los intereses políticos de turno. Esta visión, según ella, es crucial para garantizar la estabilidad y eficiencia de la administración pública en Neiva.
Concejo pasivo
La cabildante señaló que el problema no es la reestructuración de la administración municipal, sino la forma en la que está ha sido desarrollada pues. Como lo señaló en el momento en el que fue aprobado, con su voto negativo, el acuerdo municipal 002 de 2024. Hubiese sido más adecuado aprobar la reestructura luego de que la Alcaldía presentara los estudios previos. Según Mateus el Concejo podría haber tomado un papel más activo en la discusión y supervisión de los cambios. En lugar de delegar completamente las facultades al alcalde.
“Si el Concejo hubiera conocido el estudio técnico antes de aprobar el rediseño institucional, es probable que no nos hubiéramos opuesto. Sabíamos que era necesario disminuir los gastos de funcionamiento y la planta de personal. Lo que estaba en discusión era cómo se iba a hacer, y en eso fue donde se cometieron errores. El problema fue la manera en que se gestionó el proceso”, explicó.
Esta falta de acción y supervisión, según la concejal. Ha llevado a una situación en la que el Concejo se ha visto obligado a reaccionar en lugar de liderar. Lo que ha debilitado su posición y su capacidad para, desde el control político. Garantizar una administración transparente y eficiente por parte de la administración Casagua.
