El caso de la periodista colombiana Jineth Bedoya, secuestrada y víctima de violencia sexual en el ejercicio de su profesión, llegará al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, a partir del lunes.
La CorteIDH, con sede en Costa Rica, llevará a cabo una audiencia virtual de tres días por la demanda de Bedoya contra el Estado colombiano, a raíz del secuestro, violación y torturas de las que fue víctima en el año 2000 cuando esperaba la confirmación de una entrevista en las afueras de la cárcel Modelo.
La demanda señala que el Estado tuvo conocimiento de la situación de riesgo real e inminente en que se encontraba la periodista y no adoptó medidas entendidas como razonables para protegerla, en un contexto generalizado de violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado colombiano.
La periodista dijo en una conferencia de prensa el pasado 5 de marzo que pedirá a la CorteIDH que ordene medidas de protección para las comunicadoras colombianas y de reparación para las mujeres que han sufrido violencia sexual, especialmente en el marco del conflicto armado de Colombia.
«Es un momento muy importante para la prensa colombiana. No solo es el caso de una periodista que fue víctima de todos los tipos de violencia, sino la oportunidad para exponer las dificultades que hemos tenido que enfrentar los periodistas para ejercer en Colombia», afirmó Bedoya en la conferencia de prensa.
La periodista dijo que pedirá acciones de reparación para las mujeres y niñas que durante el conflicto armado interno sufrieron violencia sexual, torturas, fueron obligadas a abortar o fueron reclutadas por los grupos paramilitares.
La periodista enfatizó que hay «desidia» del Gobierno colombiano a la hora de tratar la violencia y que en su caso particular han sido «20 años de dolor sin una respuesta oportuna del Estado».
«Ha habido un sinnúmero de irregularidades. Se han perdido piezas procesales claves del expediente, se han amenazado testigos, han habido atropellos a personas parte del proceso y la Fiscalía no ha indagado sobre los autores intelectuales», señaló.
Bedoya ha denunciado ante las autoridades que sigue recibiendo amenazas y que «la Fiscalía no ha sido capaz de esclarecer los hechos».
La periodista tiene el acompañamiento del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Fundación para la Libertad de Prensa.
Cejil asegura que el Estado es responsable de los hechos de este caso por acción y omisión y que pedirá a la CorteIDH el estudio de los patrones de violencia e impunidad que tienen consecuencias en el ejercicio del periodismo.
Los demandantes solicitarán a los jueces que emitan una sentencia que contribuya a que las mujeres puedan ejercer el periodismo sin temor a la violencia sexual y al hostigamiento.
Según la Cejil, la Corte tendrá la oportunidad de desarrollar estándares sobre las obligaciones positivas de protección con enfoque de género que los Estados deben adoptar para garantizar la seguridad de mujeres cuando se encuentran en una situación de riesgo especial en una de las regiones más peligrosas para el ejercicio del periodismo.
