El sonado caso de Centros poblados sigue generando hechos que se han constituido en delitos similares por el modus operandi con el que se logró el contrato de conectividad por $1,07 billones del Ministerio de las TIC, también se implementó en al menos otro proceso contractual, con los mismos protagonistas, y se evalúa judicialmente si hay otros casos similares.
Uno de los recientemente descubiertos tiene que ver con la obra de remodelación de la cárcel de Bellavista en Antioquia.
De acuerdo al contrato se debería construir el Pabellón 4 y una serie de “áreas complementarias” en ese centro carcelario, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) abrió una licitación en noviembre del año pasado.
Se quedó con la adjudicación del contrato el consorcio Bellavista 2021, conformado por dos empresas: Proyectos y Desarrollos de Infraestructura S.A.S y JP Servicios S.A.S.
Recientemente, trascendió que Proyectos y Desarrollos de Infraestructura S.A.S., igual que en el caso de Centros Poblados, habría presentado un certificado falso de cupo de crédito por $1.720 millones, expedido por el banco Itaú.
La confirmación la hizo la Uspec , que indicó que el documento bancario fue presentado y, por ello, este martes se adelantará la segunda sesión de una audiencia con la que se busca liquidar el contrato firmado con dicho consorcio, por $16.790 millones. Y aseguraron que hasta el momento no les habían girado dinero a los contratistas.
Según ‘W Radio’, en estas presuntas irregularidades también habría una conexión con el caso del MinTic, por el que ya fueron enviados a la cárcel Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados; Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros; y el condenado contratista Emilio Tapia.
Otra empresa, conocida como CM Construcciones y mantenimiento es la propietaria del 80 % de la firma Proyectos y Desarrollos de Infraestructura S.A. S, que estaba ejecutando la obra en Bellavista.
De acuerdo con el Registro Único Empresarial (Rues), el representante legal de CM Construcciones y Mantenimiento es Jorge Alfonso Molina García-Mayorga y su suplente es Jorge Enrique López Benavides, ambos salpicados por el escándalo de MinTIC y señalados de ser los cerebros de la póliza falsa de Centros Poblados.
Molina García-Mayorga se convirtió en testigo clave de la Fiscalía tras admitir que actuó como intermediario en la consecución de la garantía falsa del banco Itaú.
En las averiguaciones que hizo la Fiscalía en el caso de MinTIC también salió a relucir otro contrato en el que se habría utilizado la misma estrategia. En efecto, Laverde admitió que medió en el negocio entre Molina García-Mayorga y la firma Saeb Atlantic S.A., que en julio pretendía ganar un proceso de licitación abierto por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), para el almacenamiento de energías con baterías para la región Atlántica.
Cuando estalló el caso de Centros Poblados, Saeb Atlantic decidió retirarse del proceso licitatorio, por sospechas de que las garantías bancarias del banco Itaú facilitadas por Molina García-Mayorga fueran fraudulentas. Esto fue confirmado después por la propia entidad bancaria.
A diferencia de MinTIC y Centros Poblados, la alerta de Saeb Atlantic a Upme se hizo antes de elegir al contratista y desembolsar los recursos, que ascienden a 360.000 millones de pesos.
Otro de los casos en los que aparece la figura de Molina García-Mayorga data de 2015, cuando la empresa que representa –CM Construcciones y Mantenimiento– constituyó junto a Cosan S.A.S. la Unión Temporal Alfa Cali, que iba a ejecutar la primera fase del parque lineal río Cali, en la capital del Valle.
Las obras fueron contratadas, inicialmente, por $16.000 millones, pero el contrato terminó reestructurado por $19.443 millones y luego, ante los incumplimientos de Alfa Cali, el contrato fue cedido a la Unión Temporal Espacio 2015, el 31 de diciembre de ese año.
