La Fiscalía General de la Nación imputó a Sandra Liliana Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la contratación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según las pruebas presentadas ante una juez de control de garantías en Bogotá, Ortiz Nova habría recibido y transportado 3.000 millones de pesos en efectivo, provenientes de presuntas coimas relacionadas con el direccionamiento de un contrato en la UNGRD para la compra de 40 carrotanques destinados a llevar agua potable a comunidades vulnerables en La Guajira.
Detalles de las entregas
De acuerdo con la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, los hechos ocurrieron en dos entregas realizadas los días 12 y 13 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá:
Le puede interesar: Contraloría reitera advertencias sobre el Programa Caminos Comunitarios
Primera entrega: El 12 de octubre, exdirectivos de la UNGRD, identificados como Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, habrían entregado a la exconsejera una maleta con 1.500 millones de pesos, que fue transportada en un vehículo oficial hasta el norte de Bogotá y entregada al entonces presidente del Congreso de la República, Iván Name Vásquez.
Segunda entrega: Al día siguiente, en el mismo lugar, Pinilla Álvarez presuntamente entregó otra maleta con otros 1.500 millones de pesos, que también fue movilizada por Ortiz Nova al lugar acordado con el senador Name Vásquez.
Origen ilícito de los recursos
Las investigaciones señalan que los 3.000 millones de pesos provendrían de sobornos pagados por el direccionamiento del contrato en la UNGRD, lo que involucra a exfuncionarios de la entidad y altos dirigentes políticos.
La Fiscalía argumentó que Ortiz Nova actuó con pleno conocimiento del origen ilícito de los recursos y utilizó su posición como consejera presidencial para facilitar el transporte y la entrega de las dádivas, incurriendo en conductas penales graves que comprometen la transparencia del sistema público.
La exfuncionaria no aceptó los cargos imputados.
Puede leer: Nueve militares y exmilitares implicados en el tráfico de armas para grupos criminales
