Por: Carlos Tobar
A propósito de un acto legislativo que cursa en el congreso (va hacia su sexto debate de ocho necesarios para su aprobación) por el cual se modifican los artículos 356 y 357 de la Constitución Nacional, que regulan el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios para atender las necesidades básicas en salud, educación y saneamiento básico, se ha abierto una fuerte discusión entre varios actores de peso en la vida política del país.
De un lado, están gobernadores y alcaldes, el gobierno nacional con el liderazgo del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, con la bendición del presidente de la república y, a última hora (a regañadientes) el ministro de Hacienda y el director de Planeación Nacional. En el otro bando, están ministros y exministros de hacienda de gobiernos anteriores, los más importantes centros de pensamiento del sector privado (Anif, Fedesarrollo) y algunos gremios empresariales.
La discusión se centra en la propuesta del acto legislativo de volver, en un plazo de diez años, a la fórmula aprobada en la constitución del año 91 de incrementar las transferencias de la nación hacia departamentos y municipios provenientes de los ingresos corrientes de la nación. El porcentaje de participación que fue disminuido del 46.5% establecido originalmente, al 21,4% actual, se hizo mediante dos actos legislativos en los años 2001 y 2007.
La razón para tal modificación, como lo señalan exministros y centros de pensamiento, es que los ingresos corrientes reales de la nación eran mucho menores que los compromisos presupuestales, extremadamente rígidos, establecidos en la constitución del año 91. Argumentan que de cumplirse a rajatabla lo autorizado, la quiebra de las finanzas del estado central sería inminente, porque no tendría los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones asignadas por dicha constitución al estado nacional: seguridad, justicia, pensiones, deuda pública (incluyendo la figura de vigencias futuras), infraestructura vial y de transporte, energía.
Por el lado de las regiones y localidades, el reclamo orientado a solicitar mayores transferencias de los ingresos corrientes de la nación descansa en el hecho evidente de que el monto de las transferencias para atender las competencias asignadas: educación, salud, agua potable y saneamiento básico, son insuficientes (en montos crecientes año a año). Sin tener en cuenta de muchas otras competencias, como vías secundarias y terciarias que se asignaron sin el correspondiente componente financiero (una violación flagrante de las normas presupuestales), son imposibles de atender.
Como ven queridos lectores, el tema es de gran complejidad. Es como se dice coloquialmente: la cuadratura del círculo. Un galimatías que solo se puede resolver si empezamos por sincerar las finanzas públicas a todos los niveles. Un país de ingresos medios (mal contados US$6.500 per cápita al año), no está en capacidad de atender los compromisos económicos actuales. Solo si crecemos, si somos capaces de crear más riqueza nacional y regional, si nos proponemos convertir a Colombia en un país próspero en el concierto de las naciones soberanas del mundo, podríamos abordar esas responsabilidades.
Neiva, 28 de octubre de 2024
