El congreso de Chile extendió este miércoles el estado de excepción que rige en cuatro provincias del sur entre reclamos por un mayor despliegue militar en la zona, epicentro del denominado conflicto mapuche, que enfrenta a radicales indígenas, grandes forestales y el Estado.
Así, con 31 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, el Senado dio el visto bueno a la medida, que durante la mañana fue aprobada en la Cámara Baja, con 100 votos a favor, 19 en contra y 13 abstenciones. De esta manera, el estado de excepción regirá así durante 15 días más, hasta el 15 de julio, en cuatro provincias de las regiones de Araucanía y Biobío que han sufrido una escalada de violencia en el último año con constantes ataques a maquinaria, incendio a predios y viviendas, robo de madera y tiroteos con víctimas mortales.
Ahora bien, la votación en la Cámara Baja se caracterizó por los desmarques de la derecha, con parlamentarios que exigieron endurecer la medida, una figura que permite desplegar a los militares para el control del orden público, con más dotación y poderes para las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, todo quedó quedó en promesas y pese a que prometió que no lo haría y criticó a su predecesor, Sebastián Piñera, por mantener militarización del sur durante seis meses, el presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó poco después de tomar posesión el estado de excepción.
La parlamentaria del Partido Republicano (ultraderecha), Gloria Naveillan, durante el debate, manifestó que, “No nos sirve un estado de excepción que sólo cubre algunas vías porque los atentados siguen sucediendo justamente donde no llega el despliegue policial. Necesitamos que se ataquen directamente el problema del terrorismo”.
Por su parte el diputado de Evópoli (centro derecha), Francisco Undurraga, añadió que, “Estamos viendo que, si bien se han minimizado las acciones de terrorismo, todavía hay una ausencia de voluntad real y política para proteger a la ciudadanía”.
De acuerdo con el Ejecutivo, la medida ha logrado reducir la gravedad y el número de los eventos de violencia rural en un 30%, con descensos en la cifra de camiones incendiados, usurpaciones violentas y eventos con armas de fuego. Finalmente, en La Araucanía y otras zonas del sur de Chile existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche radicales y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas. Tanto parte de la izquierda como los movimientos indígenas sostienen que la militarización solo pone más tensión sobre el conflicto y defienden que son necesarias medidas más transversales y de largo plazo.
