Otra vez en el país vuelven a ser noticia el descubrimiento por parte de algunos magistrados de la Corte Constitucional quienes denunciaron el miércoles anterior, este acto criminal a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, a quienes le entregaron algunas pruebas sobre presuntas escuchas con interceptaciones a los celulares de estos togados y otros funcionarios. En la nota que el presidente de la Corte, José Fernando Reyes, le entregó al máximo ente fiscalizador del país, la denuncia que él y su esposa, han venido siendo víctimas de una persecución por parte de los organismos de inteligencia estatal. Este escandalo está adquiriendo un mayor impacto negativo en la opinión pública, quienes han rechazado desde todos los frentes estos hechos detestables, que en otrora se utilizaron y que son de ingratas recordaciones para la sociedad colombiana. No es posible que se continúe este espionaje que supuestamente incluyen las interceptaciones telefónicas, coloquialmente llamadas chuzadas en el país, así como seguimientos, elaboración de perfiles y monitoreos permanentes.
Históricamente en Colombia se han presentado en épocas pretéritas, numerosos y dolorosos episodios ocasionados por agentes estatales, para realizar estas interceptaciones ilegales. No se pueden seguir utilizando estos recursos técnicos en poder de los organismos de seguridad con el fin de invadir la privacidad de los ciudadanos. Son prácticas detestables. No se puede permitir que se continúen realizando con la anuencia oficial. Pero este mega escándalo que se le estallado al gobierno nacional, ha adquirido grandes dimensiones en medio de la creciente polarización política en que se encuentra sumida la sociedad colombiana. El primer mandatario de los colombianos ha expresado en su cuenta X “que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada”. Solo se lo creen los áulicos del gobierno nacional.
El excandidato presidencial Jorge Enrique Robledo, inmediatamente le respondió al primer mandatario de los colombianos; “El doctor Petro nos trata a los colombianos como unos idiotas, como unos imbéciles, que no somos capaces de entender ni de averiguar. Porque resulta que esos aparatos, lo que se deduce de lo que yo he oído aquí, es que los venden en cualquier esquina, en cualquier parte se consigue un aparato de esos. Lavarse toda culpa, centrándose en que, supuestamente, la DNI no cuenta con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada”, es un sofisma de distracción.
Es indispensable que el gobierno nacional, no genere estas respuestas que radicalizan la opinión pública. Deben abrir investigaciones, con el fin de detectar responsabilidades si se llegasen a detectar. La decencia no pelea con nadie. Recuerde que el año anterior si se detectaron estas chuzadas en el caso de la empleada Marelbys Mesa, que desencadenó otro escándalo que todavía no se ha esclarecido sobre la supuesta responsabilidad de Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativos de la Presidencia de la República.
