POR: JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR
El país se sorprendió con la reciente denuncia del Magistrado Enrique Ibáñez de la Corte Constitucional, donde advierte a la Fiscal General que está siendo interceptado en sus aparatos de comunicación, al parecer por organismos de inteligencia del Gobierno, junto con su familia y sus Magistrados Auxiliares. A esta denuncia se ha sumado la JEP señalando encontrarse en las mismas circunstancias.
El Presidente de la República se puso a la defensiva, señalando que su orden a los organismos de inteligencia, desde el primer día de gobierno, fue no utilizar la inteligencia del Estado para espiar a la oposición y a la justicia, y que los organismos de inteligencia del Gobierno, no contaban con aparatos para realizar esa tarea. Más adelante, ha acusado en su cuenta personal de X, directamente a “grupos nazis” y a la “extrema derecha” de construir las supuestas interceptaciones ilegales a los magistrados. Como siempre, mirando hacia el pasado y poniendo cortinas de humo.
Por supuesto, que hubiera sido mejor que el Presidente de la República, como Jefe de Estado se comprometiera con el respeto a la independencia judicial y manifestara el repudio del hecho, comprometiendo a su Gobierno a colaborar con las investigaciones y, de haber responsables, a sancionarlos como es debido.
Se trata de un hecho gravísimo, que compromete la independencia y autonomía judicial, que afecta el equilibrio de poderes y que merece la mayor atención y repudio por las demás autoridades del Estado. Ya Colombia había vivido algo similar hace más de una década, y eso llevó a la extinción del DAS, que desvió todas sus funciones. Creíamos que esa mala página había pasado y que las interceptaciones ilegales se habían superado; sin embargo, nos sorprendimos cuando el caso de la señora Marbelys, niñera del hijo de una alta funcionaria del Gobierno, de quien se sospechó por la pérdida de un dinero, quien fue interceptada ilegalmente, sin orden judicial y ahora con la denuncia de la Corte Constitucional.
La inteligencia del Gobierno debe estar al servicio de la investigación de los delitos y de la seguridad del Estado; solo puede activarse contra las personas por orden judicial. Existe un estatuto para controlarla precisamente por los desmanes que se presentaron el pasado. Estoy seguro que los Magistrados no fallan por teléfono, ni trabajan con su equipo de esta manera; se trata por tanto de un hecho que se utiliza para amedrentarlos; ya las Naciones Unidas señalaron en el pasado con relación a las “Chuzadas del Das”, que era una forma de tortura mental y emocional para quien padece una interceptación ilegal de esta naturaleza.
El país debe cerrar filas en hacer respetar la independencia judicial y expresar la solidaridad a los Magistrados y demás personas que son víctimas de este tipo de prácticas ilegales, propias de regímenes absolutistas. Se debe apoyar la investigación que se adelanta, exigir que se actúe con la debida celeridad y sancionar con todo el peso de la ley a quienes incurren en este tipo de prácticas delictivas.
