La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado al Estado de El Salvador para que restablezca la plena vigencia de los derechos y garantías que han sido suspendidos durante los últimos 12 meses como resultado del régimen de excepción instalado en el país por motivos de seguridad ciudadana.
La CIDH también ha instado al Estado a respetar los derechos humanos en la adopción de medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad, así como a investigar, procesar y sancionar las actividades delictivas.
La Asamblea Legislativa de El Salvador ha prolongado por la duodécima vez consecutiva el régimen de excepción establecido por el Decreto Legislativo N.º 333 de 27 de marzo de 2022. Este decreto mantiene suspendidos varios derechos y garantías constitucionales, incluyendo el derecho de la persona detenida a ser informada de manera inmediata y comprensible de sus derechos y las razones de su detención.
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La CIDH ha expresado su preocupación por la suspensión indefinida de derechos y garantías, señalando que esto constituye un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común. La Comisión recuerda que el Estado tiene la obligación de asegurar que las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos y libertades consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos se mantengan vigentes en toda circunstancia, incluso durante los estados de excepción.
“La CIDH tiene información de que al menos 65,795 personas han sido detenidas – desde la instalación del régimen de excepción – como presuntamente vinculadas al crimen organizado, de las cuales cerca del 90% tuvieron la prisión preventiva decretada, según información pública de 1 de marzo. En ese contexto, ha manifestado reiteradamente su preocupación respecto de múltiples denuncias de abusos e irregularidades en las detenciones y diligencias judiciales efectuadas, así como violaciones a los derechos de las personas detenidas. También ha urgido al Estado asegurar las garantías y la protección judiciales, así como el trato digno de toda persona bajo custodia estatal”, señaló la CIDH.
