José Félix Lafaurie Rivera
@jflafaurie
Con la firma del Acuerdo 28 sobre el proceso de participación de la sociedad, concluyó otra ronda de diálogos con el ELN y también el punto 1 de la Agenda, cuyo objetivo era el “diseño” de dicho proceso por parte del Comité Nacional de Participación.
Para desentrañar los “claroscuros” del acuerdo firmado, haré un recuento del proceso desde mi papel en la Mesa, como una voz que rompe la inercia del diálogo entre dos partes afines ideológicamente, con una concepción de “pueblo” en la que no caben amplios sectores económicos, políticos y sociales a los que siento estar representando.
En ese contexto no compartí que, para tareas de “diseño”, se consultara a la sociedad a través de un Comité Nacional, pero ante la presión del ELN, al menos logré la incorporación de miembros de Consejo Gremial, ACORE y el Instituto de Ciencia Política, minoría que protestó conmigo frente al desbordamiento del Comité.
Esa protesta en el Comité y mi posición, planteada en carta a la jefe de la delegación gubernamental, tuvo resultados, pues logró que el Acuerdo 28 superara las pretensiones de la propuesta de Modelo del Comité, de imponer agenda temática y la teoría de una “condición vinculante directa” por la participación de “8.000 voces”, con lo cual se “defenestraba” a la Mesa y se desconocía la misión constitucional del Congreso en la aprobación de políticas públicas
En efecto, el Acuerdo 28 no incluyó esa pretendida condición vinculante a partir de “la toma de decisiones de las y los participantes…”, dejando claro que las comunidades proponen, pero la Mesa dispone; como propuse y quedó en el Acuerdo 9 de Participación.
Aunque no lo señale expresamente -una de sus penumbras- es claro que ni el Comité sustituye a la Mesa de Diálogos, ni la Mesa puede sustituir a las instituciones democráticas consagradas en la Constitución, con el Congreso en primer lugar. Por tanto, si bien los acuerdos de la Mesa son de obligatorio cumplimiento, esa obligatoriedad está acotada por las competencias del Congreso para discutir, aprobar, modificar o improbar las propuestas de la Mesa sobre política pública y modificaciones institucionales.
En cuanto a la agenda, el Acuerdo eliminó temas como la democracia directa, la política de seguridad y el Acuerdo de Escazú, y apeló a la fórmula de apenas proponer temas de diálogo, pero dejó en penumbra el desbordamiento de Comité en su tarea procedimental.
El último y gran claroscuro: Aunque no hay reportes de secuestros por parte del ELN, el Acuerdo se firmó a pesar de su anuncio amenazante de que seguirán cometiendo ese delito.
El claroscuro, técnica que inmortalizó a Rembrandt, a conveniencia del artista, deja en penumbra lo que no considera importante y le da luz a lo que quiere resaltar.
Algo así sucedió con el Acuerdo 28, el cual, aún con sus claroscuros, logró reafirmar la condición suprema de la Mesa y, con ella, la continuidad del proceso.
