Fernando Guzmán R.
@Fer_GuzmanR
El Proyecto de Ley 284/2020C que originó la Ley 2064 (9/12/2020) “Por medio de la cual se declara de interés general la estrategia para la inmunización de la población colombiana contra la Covid-19 y la lucha contra cualquier pandemia y se dictan otras disposiciones” se presentó con el propósito de promover solidaridad, facilitar gestiones y financiación para la adquisición y aplicación de la vacuna.
Según la exposición de motivos, la declaración de interés general prioritario busca definir la estrategia de vacunación “…evitando las dificultades que tienen los servidores públicos que encabezan el Gobierno Nacional para destinar recursos y/o hacer inversiones de riesgo en productos médicos sobre los que todavía existe incertidumbre, y asimismo, permitiéndole a este poder establecer alianzas con actores internacionales y nacionales que le permitan reforzar la inmunización de los ciudadanos.” Además de alianzas multilaterales y con el sector privado, adopta mecanismos como vacunas por impuestos.
En este sentido, genera condiciones e incentivos para que el Gobierno avance en una estrategia de colaboración para lograr el mayor número de vacunas en el menor tiempo y a un costo asequible. El mecanismo Covax es un ejemplo importante, pero no suficiente para Colombia, pues tiene alcance limitado: 5 a 10 millones de personas.
Sin embargo, durante el trámite del proyecto en el Congreso surgió la exoneración y limitación de la responsabilidad de los fabricantes por eventuales daños y reacciones adversas que puedan causar las vacunas suministradas por el Estado ante una pandemia (Art.5 Ley 2064/20). Defendida en que es condición exigida por fabricantes, dadas las actuales circunstancias de producción, riesgo y demanda. Además, necesaria para las negociaciones en medio de la competencia. Introduciéndose así una nueva modificación a nuestro sistema legal de responsabilidad, cuyo desarrollo jurisprudencial desde los años 30’s del Siglo XX da cuenta de su adecuación a las dinámicas del capitalismo industrial y financiero.
Y es que ante limitaciones del Covax y el fracaso de negociaciones promovidas por numerosos países en la OMC para obtener la exención de derechos de propiedad intelectual de las vacunas, facilitado el acceso en mejores condiciones; el Gobierno con retraso sigue apostando a negociaciones bilaterales. Es decir, la estrategia individual en un mercado reducido y de altísima demanda; por eso la inclusión de la limitación de la responsabilidad en la ley. Pero, sin garantía que durante 2021 logre cubrir al menos el 50% de la población. Además, sin estrategia para apoyar el desarrollo de investigadores nacionales y comenzar a reducir en parte la dependencia tecnológica.
El capitalismo global tenía su oportunidad de oro para mostrar una cara más solidaria, trabajando por reducir la inequidad en el acceso a la vacuna de los países más pobres, que son la mayoría, mediante una estrategia de colaboración. Pero no, aún en la crisis sanitaria más grave de la humanidad se aferró al mercado y la competencia. Nuevamente investigación y financiación marcan diferencia entre norte y sur global.
Tal vez el colofón de esta historia dramática de la pandemia y el acceso a la vacuna será la nueva modificación a la legislación sobre responsabilidad, trasladándole de nuevo los riesgos al Estado.
