El Ministerio de Relaciones Exteriores presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca la aprobación de la Convención Internacional Contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios.
Este instrumento internacional, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1989, es clave para que Colombia pueda enfrentar y erradicar el fenómeno del mercenarismo.
La importancia de esta Convención radica en su capacidad para dotar al país de herramientas legales necesarias para combatir las organizaciones que, en ocasiones mediante engaños, instrumentalizan a militares colombianos retirados.
Estas prácticas, que atentan contra el orden público y constitucional, pueden llegar a incurrir en delitos de lesa humanidad, como genocidio o crímenes de guerra. Así mismo, la Convención permitirá una mayor comprensión y regulación del fenómeno de las empresas militares de seguridad privada, las cuales han proliferado en contextos de conflicto armado.
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El canciller Luis Gilberto Murillo subrayó la urgencia de contar con estos mecanismos, argumentando que “necesitamos herramientas para enfrentar las organizaciones que se dedican o instrumentalizan personas que están bien formadas y entrenadas en temas militares o de seguridad. A quienes los reclutan y se los llevan a participar en guerras que no tienen nada que ver con ellos ni con Colombia, los usan como carne de cañón, y después se nos crea un problema casi que diplomático: las familias quieren que traigan a esas personas”.
Murillo añadió que, en múltiples ocasiones, redes extranjeras llegan a Colombia para reclutar a estos exmilitares, muchas veces bajo falsas promesas. «Las llevan a países y a guerras que nada tienen que ver con nosotros. Eso nos lleva a situaciones diplomáticas complejas porque a veces estas personas quedan atrapadas, otros quieren salir y no pueden», explicó.
La Convención Internacional
La aprobación de esta Convención dotaría a Colombia de un marco legal robusto para enfrentar y penalizar el mercenarismo. Este instrumento internacional establece que los Estados Parte no deben reclutar, utilizar, financiar ni entrenar mercenarios, y exige que la legislación interna de cada país considere los aspectos legales de esta figura, permitiendo su criminalización, procesamiento y extradición cuando sea necesario.
El proyecto de ley radicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores propone la creación de delitos específicos para los actos cometidos por mercenarios, así como la adopción de medidas públicas necesarias para combatir estas actividades.
Según la Convención, se define como mercenario a «las personas que reclutan, utilizan, financian o entrenan a mercenarios… con el fin de que participen en un acto concertado de violencia destinado a derrocar a un Gobierno o a socavar de otro modo el orden constitucional de un Estado, o a socavar la integridad territorial de un Estado».
El documento será sometido a estudio en la Comisión II del Senado de la República, la cual se especializa en temas de relaciones internacionales y seguridad y defensa nacional.
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