El documento destaca que las pasadas elecciones de 2018 fueron unas de las más pacíficas y agrega que es el deber de la Policía guardar el orden público y el cumplimiento de la ley.
Sin embargo, “miembros de las fuerzas de seguridad han cometido algunos abusos. Algunos de los más significativos en materia de Derechos Humanos incluyen: reporte de muertes arbitrarias o fuera de la ley; reportes de tortura y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad y de grupos armados ilegales; violación y abuso de mujeres y niños así como reclutamiento forzado de menores por grupos armados ilegales; criminalización y difamación; corrupción; violencia en contra de desplazados forzados afrocolombianos e indígenas; violencia contra lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales; trabajo infantil; y muertes contra sindicalistas. El gobierno tomó medidas para investigar, perseguir y castigar a los oficiales que cometieron abusos en materia de derechos humanos, sin embargo algunos casos continúan experimentando dilaciones”.
El documento indica, además que “los grupos armados ilegales incluidos los disidentes de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional, Eln, y los grupos de tráfico ilegal de drogas continúan operando. Grupos armados ilegales así como traficantes de narcóticos han sido significantes perpetradores de derechos humanos, y han cometido crímenes como ejecuciones extrajudiciales, extorsión, secuestro, tortura, tráfico humano, bombardeos, restricciones de la libertad de movilidad, violencia sexual, reclutamiento y uso de menores en la guerra y amenazas violentas en contra de periodistas, mujeres y defensores de derechos humanos. El gobierno investigó estas acciones y persigue a los responsables en la medida de lo posible”.
Frente a la JEP el documento indica que la jurisdicción, que se creó en 2016 fruto del acuerdo de paz con las Farc, “continúa dando pasos efectivos para castigar a los perpetradores de graves violaciones contra los derechos humanos en concordancia con las leyes internacionales. Esto incluye el avance en el caso 003 de ejecuciones extrajudiciales, o falsos positivos cometidos por la primera, segunda, cuarta y séptima división del ejército”.
Según indica el informe la JEP recibió 250 versiones voluntarias de perpetradores que “llevaron a los investigadores a descubrir una fosa común de presuntas víctimas de falsos positivos en Antioquia. El 25 de julio el general retirado del ejército William Henry Torres admitió su responsabilidad en casos de falsos positivos ante la JEP y se disculpó con las familias de las víctimas”.
