María Elisa Uribe
En discrepancia con la posición de una inmensa parte de la población colombiana, como lo confirma la encuesta Yanhaas, se llevará a cabo, posiblemente hoy, la deliberación de la Corte Constitucional de la demanda interpuesta en pro de la despenalización total del aborto, es decir de la solicitud de eliminarlo, bajo cualquier circunstancia, como delito del Código Penal.
La respuesta a la pregunta concreta, que en oportunidad hace la reciente y última encuesta de Yanhaas, referida a ¿Usted está de acuerdo con la despenalización absoluta del aborto?, en una muestra de mil doscientos veinte y cinco colombianos, de sesenta municipios del país, deja una postura muy clara: el 68% dice que No.
A esta se suma el medio centenar de recusaciones, que se presentaron en cortos quince días, contra la posible posición parcializada de uno de los magistrados que debía decidir sobre la demanda, que señala el vigor de una fuerza que no quiere la despenalización ni el aborto. Incluso al interior de la sala, la misma decisión de los togados tiende a estar empatada o cambiar.
Entonces el interrogante es simple y se circunscribe al límite de las atribuciones de la Corte Constitucional, incluidas la del conjuez que debió escogerse por cuenta de las recusaciones a la imparcialidad del magistrado Linares, en su guarda de la integridad de la Carta Política y de su supremacía: ¿Puede la Corte Constitucional decidir sobre la despenalización del aborto al margen del deseo de la gran mayoría, visto por ejemplo a la luz de la encuesta o hasta dónde le es vinculante esta y otras fuentes frescas de información que le indican el parecer más general?
Sin lugar a duda, el mecanismo más directo y transparente sería el de acudir a la consulta popular para que la ciudadanía definiera directamente su posición frente al aborto, aunque en realidad, por el mismo resultado de la encuesta, no exista, como se pinta, una alta controversia y sea contundente la respuesta.
La consulta popular la han hecho otros países, exige unos porcentajes mínimos para habilitarla. De uno u otro lado, incluso al interior del legislativo, se ha optado por dejar pasar, dejar hacer, antes que coger el toro por los cachos y por esto recae el tema del aborto en la Corte Constitucional y más aún en conjueces. Tal vez esta consulta popular no se ha hecho por el temor a perder en las urnas, siendo más contraproducente un fallo en contra de las convicciones de la mayoría.
El aborto, más allá de la idea de tratarlo como sujeto a la intimidad de cada cual, es un asunto de profunda trascendencia nacional porque tiene que ver con el derecho a la vida, ese es su sustento. Es la propia Carta Política la que imprime a la vida, a pesar de nuestra historia de violencia, la connotación de “inviolable” y, como tal, le da la mayor jerarquía (artículo 11). La vida es sagrada es el hilo conductor que obliga a los jueces y conjueces a medir su decisión en empatía con la nación.
