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Colombia reconoce desplazamiento forzado por desastres naturales

Abr 24, 2024

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La Corte Constitucional de Colombia ha marcado un hito en la protección de los derechos humanos al reconocer el desplazamiento forzado interno causado por desastres naturales y el cambio climático. La histórica Sentencia T-123, emitida el 16 de abril, responde a una acción de tutela presentada por una pareja de campesinos adultos mayores que fueron desplazados de su hogar debido al desbordamiento del Río Bojabá en Saravena, Arauca.

Este fallo destaca un vacío legal previo en el país, donde el desplazamiento forzado solo se consideraba en el contexto del conflicto armado. Sin embargo, con la creciente incidencia de desastres naturales en Colombia, se reconoce la necesidad de abordar el desplazamiento por causas ambientales.

María Lucía Torres, directora del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, señaló que esta sentencia establece un precedente crucial al considerar el desplazamiento forzado como un fenómeno multicausal que afecta a millones de personas en el país. La decisión de la Corte tiene un efecto «inter comunis», lo que implica que otras personas de la comunidad que enfrenten situaciones similares pueden beneficiarse de la sentencia.

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El reconocimiento de los desastres naturales y el cambio climático como factores de desplazamiento forzado interno refuerza los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Colombia se convierte así en el segundo país de América Latina, después de Perú, en reconocer estas diversas causas de desplazamiento interno.

La Corte Constitucional exhorta al Congreso de la República a desarrollar un marco normativo integral para abordar el fenómeno del desplazamiento forzado, garantizando la prevención, atención y recuperación de los desplazados, independientemente de la causa que lo origine.

Desde el Grupo de Acciones Públicas, se comprometen a seguir acompañando a la comunidad en la implementación de las órdenes de la sentencia. Ahora, la responsabilidad recae en las diferentes instituciones del Estado para avanzar en este tema crucial para la protección de los derechos humanos en Colombia.

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