Entre los temas del encuentro binacional, destacaron las acciones conjuntas sobre la violencia contra la mujer.
DIARIO DEL HUILA, MEDIO AMBIENTE
La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, visitó al vecino país de Brasil. En su encuentro con el Defensor del Pueblo, Leonardo Cardoso, se lograron acuerdos enfocados en fortalecer la cooperación bilateral en materia ambiental, así como en otros aspectos clave.
El principal tema que abordaron fue en de la Amazonía, incluyendo la protección ambiental frente a la deforestación y la minería ilegal. La reunión también exploró las preocupaciones de las comunidades locales, como los impactos de la contaminación por mercurio y la violencia contra las mujeres.
“Para nuestros observatorios de analítica en la Procuraduría, este intercambio será de gran importancia para mejorar los derechos humanos de nuestros ciudadanos en Colombia”, destacó Cabello Blanco.
Durante su estancia, la procuradora también se reunió con el fiscal General de la República de Brasil, Paulo Gonet, acordando la implementación de una herramienta tecnológica brasileña en Colombia. Esta herramienta evaluará los daños ambientales causados por actividades como la minería ilegal y la deforestación, calculando el valor de estos daños. Se enfatizó en lograr la interoperabilidad de este sistema a través de mesas técnicas de trabajo.
Por su parte, el delegado para Asuntos Ambientales y Minero-Energéticos del Ministerio Público, Gustavo Guerrero, resaltó que es fundamental esta herramienta para los procuradores que intervienen en procesos sancionatorios ambientales y para los que intervienen en procesos penales, además de ser clave en las acciones que buscan la reparación de los perjuicios causados por la deforestación y la minería ilegal en el país.
La cantidad de árboles perdidos en los bosques tropicales de Brasil y Colombia se redujo durante 2023 debido a medidas políticas eficaces, según un nuevo análisis. El año pasado se perdieron 3,7 millones de hectáreas de bosque en los trópicos, el equivalente a 10 campos de fútbol por minuto, una leve disminución respecto al año anterior.
Esta cifra podría haber sido mucho mayor sin las acciones tomadas por Brasil y Colombia según el laboratorio Glad de la Universidad de Maryland y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI). El análisis revela que las iniciativas políticas en ambos países han tenido un impacto significativo en la reducción de la tala de árboles.
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En Brasil, en 2023, hubo una disminución del 36% en las pérdidas de bosques primarios en comparación con 2022. Por su parte, Colombia también registró una disminución significativa, reduciendo casi a la mitad la pérdida de bosques primarios en comparación con 2022. Los investigadores destacan que los gobiernos de cada país han priorizado el medio ambiente.
A pesar de estos avances, la pérdida de árboles sigue siendo mayor que a principios de la década de 2010. Además, el aumento de la tala de árboles y los incendios en Bolivia, Laos y Nicaragua contrarrestaron muchos de estos logros. Las pérdidas globales de bosques aumentaron un 25%, principalmente debido a los incendios forestales en Canadá.
Los temas de género también fueron prioridad en el encuentro binacional
Además, Cabello sostuvo un encuentro con la magistrada Carmen Lucía Antúnez, presidenta de la Comisión Electoral de la Suprema Corte de Brasil, para discutir avances en la participación política de las mujeres y desafíos compartidos en el acceso a la justicia y la eliminación de la cultura machista.
Brasil, Honduras, México y Colombia se encuentran entre los países con los niveles más altos de feminicidios en América Latina, una región que lucha contra la violencia de género de manera constante. Esta realidad muestra la urgente necesidad de políticas más efectivas y acciones concretas para proteger a las mujeres y garantizar su seguridad.
Los feminicidios, definidos como el asesinato de mujeres por razones de género, representan una grave violación de los derechos humanos y reflejan profundas desigualdades y problemas culturales en estos países. A pesar de los esfuerzos legislativos y de las organizaciones de la sociedad civil, la incidencia de estos crímenes sigue siendo alarmantemente alta.
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