El gobierno de Bukele nombró a Andrés Guzmán de Colombia para el cargo de Comisionado de Derechos Humanos. Justo cuando aumentan las críticas por sus políticas de seguridad, el presidente de El Salvador nombró al abogado para llevar el caso.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, nombró al abogado colombiano Andrés Guzmán para el cargo de Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión. Según un comunicado de la Presidencia, “Con este nombramiento, el gobierno de El Salvador seguirá reafirmando su compromiso con los Derechos Humanos de la población”.
Guzmán ha trabajado como profesor universitario en varios países, incluidos España, Perú y Colombia. Adicionalmente, este abogado tiene un enfoque en el derecho de las nuevas tecnologías y cuenta con experiencia como defensor delegado de la libertad de expresión y derechos en entornos virtuales para la Defensoría del Pueblo de su natal Colombia.
Su nombramiento llega en un momento difícil para el presidente de El Salvador. Las detenciones realizadas en El Salvador sin orden judicial bajo el régimen excepcional que Bukele contra las pandillas violentas han sido motivo de preocupación para las organizaciones humanitarias durante los últimos 14 meses.
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De hecho, la cruzada del presidente comenzó en marzo del año pasado cuando permitió arrestos generalizados de presuntos pandilleros, aparentemente quitándoles la capacidad de controlar el territorio como lo habían hecho durante varios años. Bukele afirmó que este control le devolvió a la población una sensación de seguridad.
Según las encuestas, nueve de cada diez salvadoreños apoyan la lucha de las pandillas, pero grupos de derechos humanos y la Iglesia Católica han criticado las tácticas de Bukele. En respuesta a una escalada homicida que cobró la vida de 87 personas del 25 al 27 de marzo de ese año, el régimen de emergencia fue proclamado por primera vez por el Parlamento el 27 de marzo de 2022, a pedido de Bukele.
Desde entonces, el gobierno estima que 69.000 presuntos pandilleros han sido detenidos, aunque se informa que 5.000 han sido liberados después de que se determinó que no tenían afiliación con estas pandillas.
