El producto era procesado en pésimas condiciones de salubridad y comercializado a fábricas de empanadas y otros establecimientos de comercio.
El caso se habría presentado Risaralda y departamentos aledaños. Según la Fiscalía, se trata del sacrificio clandestino de caballos, y la posterior comercialización de la carne en Pereira y otros municipios de Risaralda, el Eje Cafetero y departamentos cercanos.
El material de prueba da cuenta de que animales enfermos, fracturados, en mal estado físico o muertos eran adquiridos en distintos puntos del país, traslados para su sacrificio a una finca en la vereda el Chocho, en zona rural de Pereira. Esta actividad se ejercía en pésimas condiciones de salubridad y sin los permisos de ley. Posteriormente, la carne era transportada en vehículos particulares, sin conservar la cadena de frío.
Abundante evidencia técnica da cuenta de que este producto era vendido a carnicerías, industrias de empanadas y procesadoras de otros alimentos. Los cálculos preliminares indican que la red delictiva que estaría involucrada en este andamiaje ilegal habría comercializado, aproximadamente, 60 toneladas de carne de caballo y bovino, entre 2020 y 2021.
En el curso de la investigación, realizada de manera articulada con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional, se realizaron, por lo menos, tres operativos contra la organización delictiva.
En los procedimientos fueron detectados vehículos que transportaban carne y se inspeccionó el matadero clandestino. En este lugar se encontraron equinos, bovinos y porcinos en pie, otros despresados. También se hallaron residuos animales dispersos en el suelo o sepultados en fosas. Esta situación generaba olores nauseabundos que habían sido denunciados por la comunidad.
Los ocho presuntos integrantes de la estructura ilegal fueron capturados en diligencias realizadas en Pereira. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó los delitos de concierto para delinquir, corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; y daño a los recursos naturales.
Los procesados no aceptaron los cargos y, en su contra, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad.
