Como ha sido tradicional en la historia institucional de nuestra democracia, durante el último año del período presidencial que coincide con el proceso electoral que habrá de definir el nuevo gobierno; desde los sectores opositores comienzan a promover y estimular; a través de los diversos medios de comunicación; la publicación de informaciones que revelan presuntos o reales actos de corrupción del ejecutivo con el fin de sacar partido a sus intereses y desgastar la imagen del gobernante.
Lo cierto es que con la enorme influencia que hoy ejercen las redes sociales donde las noticias corren con inusitada rapidez, el efecto mediático se hace devastador para la imagen del gobernante y de sus colaboradores más cercanos.
El episodio relacionado con la cuestionada contratación de conectividad a los establecimientos educativos, propósito que sin duda es trascendental para disminuir los factores de inequidad social, ha ocupado buena parte de titulares y comentarios en los medios masivos, pero en las redes ha permitido la explosión de la ira que la corrupción política y administrativa ha venido acumulándose en el sentimiento ciudadano.
Al observar con el rigor objetivo necesario los hechos que se han dado a conocer, es indiscutible que la ministra no ha podido explicar ni justificar el que las pólizas que garantizan la ejecución del contrato billonario, especialmente las ofrecidas por el contratista de marras, hayan resultado falsas o falsificadas por quien supuestamente las ofreció, precisamente a través del corredor de seguros que al parecer también resulta seriamente cuestionado.
La otra arista del bochornoso episodio lo constituye la firma interventora que avaló el pago del anticipo por 70 MIL MILLONES, recurso público tan cuantioso que corresponde apenas al 6% del valor del contrato, dineros que se asegura ya están en el exterior y que será muy difícil recuperar.
En conclusión, un nuevo episodio que se agrega a la indefinida lista de funcionarios y particulares que en desaforada codicia asaltan el presupuesto público, ante la pasiva acción vigilante y preventiva de los responsables de los organismos y entidades, siendo por tanto quienes deben asumir sin esquinces la responsabilidad política.
Pero como también suele ocurrir, nunca asumen con entereza y honestidad tal responsabilidad, acudiendo a sofismas y distracciones que terminan en largos y costosos pleitos donde campea la impunidad.
En estas circunstancias es inaudito que el presidente Duque haya afirmado sin tapujos que respalda integralmente a la ministra, cuando lo correcto era retirarla del gobierno sin vacilaciones. Ahora tendrá que exponerse a que el congreso tramite la moción de censura, motivo adicional para incrementar su evidente desgaste ante la opinión ciudadana, desgaste que se acrecentará con los nuevos escándalos que habrán de salir a la luz pública, unos ciertos y otros infundados, por el fragor de la campaña electoral.
Lo que sí es imposible de desconocer es que, tal como se ha conocido con la publicación de la última encuesta de Gallup, la desaprobación de la gestión del presidente Duque es superior al 67%, la que en el corto plazo muy seguramente será superior pues sin duda le cobrarán este escándalo.
Y como dice el conocido refrán que “el palo no está para cucharas”, es inaudito y ofensivo que los congresistas se hayan renovado el parque automotor para su personal servicio, con costosas camionetas que con seguridad desbaratarán en sus campañas de reelección.
