El Comité del Paro presentó este miércoles su informe acerca de las protestas en Colombia dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visita el país desde el pasado martes para verificar lo que ha venido ocurriendo en medio del paro nacional.
El Comité dijo explicó que presentó el pasado 16 de mayo unas exigencias de garantías para ejercer la protesta, y entre ellas incluyó que el Gobierno Nacional acepte de inmediato la visita al país de la CIDH para observar en terreno la situación de derechos humanos en el entorno de las protestas sociales que dieron inicio el pasado 28 de abril.
Así mismo, explicaron que nacieron en 2019 y actualmente lo integran sectores sociales del orden nacional (organizaciones sindicales, indígenas, campesinas, ambientales, estudiantiles, mujeres, educadores, salud, derechos humanos, cooperativas, pensionados, periodistas alternativos, productores agropecuarios, pescadores, mineros, LGBT, cultivadores de coca, arte y cultura, recicladores, padres de familia, transportadores), entre otros.
El comité en su informe incluyó los puntos que buscan negociar para superar la crisis social que vive el país y que se profundizó por la pandemia del covid-19. “Es importante que la CIDH conozca que el paro nacional es consecuencia de la crisis social y no como ahora lo presenta el Gobierno que el paro nacional es el origen de la crisis, las cerca 13.000 mil movilizaciones ciudadanas en 800 de los 1.100 municipios de Colombia, reflejan la gravedad y urgencia de la situación”, sostienen.
Así mismo, expusieron a la CIDH los logros que han conseguido gracias a las masivas movilizaciones ciudadanas. El hundimiento de la reforma tributaria y la caída del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; el hundimiento de la reforma a la salud; la caída de la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum; la renuncia del general Juan Carlos Rodríguez, quien comanda la Policía Metropolitana de Cali; la matrícula cero para todos los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de las universidades e institutos técnicos de carácter público; y una nueva línea de crédito para jóvenes de 18 a 28 años de edad.
En el documento igualmente hacen una serie de solicitudes a la CIDH. “Recomendar al gobierno colombiano que adopte de inmediato el preacuerdo de garantías para el ejercicio de la protesta logrado el 24 de mayo, y de prioridad a un abordaje democrático de las protestas desarrollando diálogos y negociaciones efectivas que lleven a adoptar medidas sociales de emergencia para proteger los derechos sociales y económicos”, es una de ellas.
También piden al organismo que intervenga para que el Gobierno nacional, “cese de inmediato la violencia policial contra los manifestantes, y que para ello ordene que cese el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos que rigen el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad”.
El comité instó a que el Estado colombiano cumpla las sentencias judiciales sobre ejercicio de la protesta y en particular las órdenes de la sentencia de tutela decidan por la Corte Suprema de Justicia el pasado 22 de septiembre de 2020.
