Actualmente la Unidad de Restitución de Tierras, ha entregado, 9.000 hectáreas a población victima que ha sido despojada de sus predios. En el departamento del Huila, se han dado 1.032. Y en varios casos, los reclamantes han fallecido, esperando los títulos y la entidad, los suministra a los hijos. Comités regionales y representatividad de comunidades en la Reforma Agraria.
En Neiva, se dio la Asamblea Campesina y Popular del departamento del Huila, evento que tuvo lugar en la biblioteca departamental Olegario Rivera de Neiva, Huila, fue el lugar en donde se realizó un nuevo encuentro con organizaciones sociales, campesinas, afrodescendientes e indígenas, con las cuales se estableció un diálogo en torno al Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural.
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Comités pro Reforma Agraria
En este sentido Giovani Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras, manifestó: “nos encontramos cconstituyendo los comités regionales de lo que va a ser la representatividad del movimiento campesino, indígena y afro, para que se constituya una estructura organizativa de la Reforma agraria. La idea es fortalecer estos mecanismos de participación y decisión, para que sean las mismas comunidades las que orienten este sueño tan importante que es la reforma, para que la tierra se pueda redistribuir a los sectores más necesitados”.
El plan con estas medidas, es cultivar la tierra para afianzar la soberanía alimentaria de Colombia, hasta llegar a vender productos a otros países, agregó el funcionario.
En el departamento del Huila, hasta el momento, esta entidad ha entregado 1.032 predios a víctimas de desplazamiento.
Las organizaciones participantes en los departamentos de Cauca y Huila, donde se han hecho las asambleas fueron: CIMA, CNA, CRIC, PUPSOC, CUT, Los Sin Techo, Movimiento Los Comuneros, Organizaciones Campesinas Guadalupe, Federación la Gaitana, Familias San Agustín, Asogropecol, Asojuntas San Luis, Asonantas Gigante, Asojuntas La Plata, Firmantes de Paz y Asocanilo Palermo.
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En la URT había mucha ‘tramitología’
El director de la URT, manifestó: “había mucho obstáculo para que las víctimas pudieran tener acceso a las tierras despojadas, y afortunadamente logramos eliminar varios de estos procesos y trámites. Ahora todo es más expedito. Para materializar las sentencias, que estaban ‘dormidas’ desde hace cuatro años”.
Y se encuentran implementando procesos más rápidos para beneficiar a los reclamantes. Anteriormente, el 65% de las solicitudes que llegaban a la entidad eran negadas, ahora el 72% de las peticiones que ingresan son aprobadas.
Asimismo, desde el Instituto han adelantado en los territorios, conversaciones muy importante con jueces y magistrados, van cinco encuentros regionales, donde han dado a conocer cómo están trabajando los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras, para poder articularse con el del aparato judicial y de esta manera tengan más elementos a la hora de tomar las decisiones sobre un determinado predio y así ayudar a las víctimas.
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9.000 hectáreas entregadas
La Unidad de Restitución de Tierras, ha entregado 9.000 hectáreas a población víctima que ha sido despojada de sus predios.
“Hemos colocado demandas ante los funcionarios judiciales por orden de los $2.450.000 hectáreas, ya los jueces y magistrados son los que toman las decisiones finales para la entrega”, añadió el director. La Unidad ha logrado colocar demandas por orden de los 2 millones 456.000 hectáreas, significa que es el 46% de predios entregados en los 11 años que lleva la entidad de constituida.
“Esperamos ahora con el historial más o menos 7.600.000 hectáreas, si se logra mínimamente sacar estos procesos, así sea por el 50%, estaríamos restituyendo imagínese cerca de 4 millones de tierra a las víctimas, que sería una noticia muy importante para el país, pero eso depende también de la dinámica la Rama Judicial pueda desarrollar sus procesos”, relató.
Primeras entregas
De manera reciente en Montería, se entregaron las primeras 3.500 hectáreas. Así lo manifestó, el presidente de Colombia, Gustavo Petro: “el Gobierno Nacional buscará que la mujer sea propietaria de la tierra. Si la mujer es la propietaria, sabrá la sociedad colombiana que esa es la fuerza social más capaz de cuidar la vida”.
En el evento se entregaron 29 predios (3.500 hectáreas), que forman parte del primer bloque de terrenos comprados para la implementación de la Reforma Agraria, propuesta por el Gobierno del Cambio, de la mano de la Agencia Nacional de Tierras.
“La Reforma Agraria es esencial si se concibe como una democratización de la propiedad de la tierra fértil. Es esencial para que Colombia se industrialice, para que Colombia sea más democrática y estoy convencido, para que Colombia no tenga hambre”, enfatizó el Jefe de Estado.
En el mismo contexto, el Mandatario hizo referencia a la necesidad de avanzar en el proceso de restitución de las tierras a las familias víctimas de la violencia, con el fin de que Colombia sea una potencia agroalimentaria.
La voluntad declarada del Presidente es la de dar cumplimiento al primer punto del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre las FARC y el Estado Colombiano, referente a la Reforma Rural Integral que prevé la entrega de 3.000.000 de hectáreas al campesinado.
Colombia rural
En Colombia el 75,5% de los municipios son rurales, los cuales abarcan el 94,4% del territorio nacional. En ellos vive el 32% de la población. Colombia es más rural de lo que pensábamos hace algunos años.
La Reforma Rural Integral, sienta las bases para la transformación estructural del campo, crea las condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural y contribuye a la construcción de una paz estable y duradera. Busca la erradicación de la pobreza rural extrema y la disminución en un 50% de la pobreza en un plazo de 10 años, la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la protección y disfrute de los derechos de la ciudadanía y la reactivación del campo, especialmente de la economía familiar.
Ya para finalizar, el pasado 11 de octubre se aprobó en primer debate en la Cámara de Representantes el proyecto de acto legislativo 173 de 2022 que establece una jurisdicción agraria, un tipo de justicia que crearía jueces especializados para resolver problemas y conflictos de propiedad, tenencia y uso de la tierra en el país.
