Carlos Yepes A.
El Quimbo, una de las represas más grandes del país, construida por la empresa ENEL (anteriormente EMGESA) en nuestro departamento, ha sido objeto de controversias desde su concepción. Afectó a comunidades locales, causando impactos ambientales irreversibles, la represa no solo desplazó a familias, sino que también afectó gravemente la economía de la región, especialmente en áreas como la pesca y la agricultura.
A pesar de los compromisos adquiridos por ENEL para compensar a las comunidades afectadas, muchas de estas obligaciones siguen sin cumplirse. Las comunidades locales han denunciado la falta de cumplimiento de acuerdos relacionados con la restitución de tierras, la reubicación de las familias desplazadas y las compensaciones económicas. Además, los daños ambientales generados por la construcción de la represa han alterado ecosistemas, y las acciones de mitigación acordadas no se han implementado en su totalidad.
Este panorama llevó al Consejo de Estado a pronunciarse mediante sentencia de única instancia proferida el pasado nueve de agosto, en la cual el Magistrado ponente Germán Eduardo Osorio Cifuentes resuelve la demanda de nulidad de la licencia ambiental otorgada a el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo a favor de las comunidades afectadas, reconociendo que la licencia ambiental debe ajustarse para reflejar mejor los impactos socioeconómicos y proteger adecuadamente las actividades agrícolas en el área afectada, en consecuencia la ANLA deberá modificar la licencia ambiental para abordar adecuadamente estos efectos. Este fallo representa un hito en la lucha de las comunidades, quienes llevan años reclamando justicia.
En adición, este proceso de reclamación se formalizó en 2016, cuando el entonces gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa, lideró, la Audiencia Pública Ambiental, sobre el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, realizada en el municipio de Garzón, como un mecanismo para que la comunidad, las autoridades, las organizaciones Huilenses y la autoridad ambiental, pudieran conocer, informarse e intercambiar criterios sobre la conveniencia del Quimbo y de su impacto al ambiente o a los recursos naturales renovables, dando inicio así a una nueva ruta jurídica en defensa de los derechos de los huilenses, que adicionalmente serían objeto del seguimiento por parte de la “la mesa temática para la verificación, promoción, conservación y discusión de la protección del medio ambiente, agua y territorio”, creada mediante Decreto No 0489 de 2016 “como un instrumento para la defensa del territorio, la prevención y gestión de los conflictos sociales y ambientales que de ahí se derivan, de los Saldos Pedagógicos del aprendizaje social para tramitar y defender los derechos del territorio, y del acercamiento entre las instituciones del Estado, las empresas y los ciudadanos y ciudadanas”. Desde entonces, el hoy Senador González Villa, desde la comisión accidental del Quimbo, junto a la administración departamental, en colaboración con líderes comunitarios y demás miembros, ha trabajado para asegurar que se respeten los derechos de los afectados.
Este reciente fallo del Consejo de Estado marca un paso importante, pero la lucha continúa. Las comunidades siguen exigiendo no solo compensaciones económicas, sino también acciones concretas para restituir su calidad de vida. ENEL, por su parte, ha manifestado su disposición a dialogar y cumplir con las obligaciones pendientes, pero los huilenses esperan que esta vez las promesas se traduzcan en hechos tangibles.
Este caso resalta la importancia de que las grandes empresas cumplan con sus responsabilidades sociales y ambientales, especialmente cuando se trata de megaproyectos que impactan profundamente a las regiones y sus habitantes. El Huila sigue atento, esperando que, finalmente, se haga justicia.
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