Por: Ernesto Cardoso Camacho
Son tantas las dificultades que por desgracia nos agobian que muchos han perdido la esperanza en que nuestra sociedad pueda recuperarse y cambiar el rumbo. La pandemia con sus devastadores efectos en la salud pública, en la economía y en los aspectos sociales; ha ocasionado también evidentes efectos en el comportamiento emocional y sicológico de la gran mayoría de la población que se traducen en temor, desconfianza e incertidumbre.
Para colmo de males el entorno de la lucha democrática por el poder político está siendo cada vez más toxico debido a la polarización agudizada por los medios tradicionales y a través de las redes sociales.
El colapso del sistema judicial agudizado por la virtualidad a la que ha obligado la pandemia ha conducido a que los ciudadanos pierdan cada vez más la confianza y credibilidad en el sistema; pues la morosidad es excesiva en resolver los litigios y en adelantar los trámites procesales que permitan otorgar o negar los derechos reclamados. Adicionalmente, el Estado registra deudas ya causadas con acumulación de intereses moratorios por cerca de 9 Billones de pesos, sin que se visualice una pronta solución al respecto.
Por otra parte, en relación con la jurisdicción penal, cada día es más evidente la impunidad; la politización y la corrupción en ciertos organismos del sistema; mientras que los establecimientos carcelarios desbordan sus capacidades para albergar a judicializados y condenados, acrecentándose el hacinamiento que amenaza la vida de internos y servidores del Inpec.
Cada día la ciudadanía se asombra al observar como la delincuencia se apodera de las calles y si bien es cierto la Policía realiza ingentes esfuerzos por su captura, al judicializarlos terminan siendo dejados en libertad por errores de los fiscales o decisiones incomprensibles de los jueces.
En este contexto, la delincuencia, la criminalidad y la violencia intrafamiliar han crecido en proporciones alarmantes, con el agravante de que en muchos casos las violaciones a la ley penal no se denuncian precisamente por la falta de confianza y credibilidad en el sistema judicial.
Pero sin duda el mayor flagelo que azota la tranquilidad ciudadana y la paz, está localizado en la actividad del narcotráfico y la minería criminal, donde la lucha por el control del territorio y de las rutas de exportación explica los recurrentes asesinatos selectivos y masacres.
Es claro entonces que enfrentamos graves dificultades que amenazan la estabilidad institucional y nuestra frágil democracia.
Mientras tanto, el presidente Duque hace ingentes esfuerzos por convocar a la unidad de la nación y al tiempo, la gran mayoría de nuestros dirigentes están empezando a jugar sus propios y mezquinos intereses electorales hacia los eventos democráticos del 2022.
En este panorama, las escasas voces que reclaman sensatez y ponderación que permita encontrar consensos sobre los problemas fundamentales, no se escucha en medio del ruido mediático de la confusión y la intolerancia.
Por tanto, la única opción válida que nos podría garantizar la recuperación de los valores y principios esenciales que nos han caracterizado como nación; pero que además nos permita superar la confusión y la incertidumbre; avivando así la esperanza de legarles a las próximas generaciones un país en paz y en progreso colectivo, no es otra que la conciencia ciudadana donde cada uno aportemos nuestro grano de arena con responsabilidad y persistencia.
