Con el fin de mejorar la seguridad en las principales ciudades del país, el gobierno nacional prepara una inversión en tecnología, en colaboración con las empresas de seguridad privada.
En esta iniciativa, la Fuerza Pública y el sector privado unirán fuerzas para fortalecer la seguridad ciudadana y abordar los desafíos de la delincuencia urbana y rural.
La semana próxima, el director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, se reunirá con representantes de empresas de seguridad privada para discutir una estrategia que permita el aprovechamiento de tecnología para mejorar la seguridad en entornos urbanos. Esta inversión en tecnología provendrá del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecón), según confirmó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
«Existe un plan integral para responder a las necesidades de los ciudadanos y, especialmente, a las amenazas de la delincuencia en las áreas urbanas y rurales», declaró el ministro Velasco.
La noticia emergió al finalizar una reunión del Consejo de Paz y Seguridad Ciudadana, que tuvo lugar este martes en la Casa de Nariño. El presidente Gustavo Petro encabezó la reunión, en la que participaron los ministros de Interior y Defensa, el director de la Policía y los altos mandos de las Fuerzas Militares.
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El ministro Velasco compartió que actualmente se están llevando a cabo operaciones ofensivas por parte de la Fuerza Pública con el objetivo de desmantelar las estructuras financieras de grupos insurgentes y bandas criminales (bacrim).
«Cuando se ejecutan ofensivas contundentes como estas, la reacción habitual es tratar de distraer a las fuerzas atacando áreas distintas a las zonas donde se está debilitando a estas estructuras», explicó.
En ese sentido, el ministro destacó: «Nuestra lógica es la siguiente: si logramos neutralizar y debilitar las estructuras financieras de los grupos insurgentes y las bandas criminales, será mucho más factible su sometimiento a la justicia y la posibilidad de negociación con ellos. Como respuesta a esto, vemos que están reaccionando».
El gobierno está implementando una orden presidencial que implica retirar a los policías bachilleres de las zonas con mayor riesgo y conflicto, y reemplazarlos con profesionales de la Policía. Esto busca garantizar la protección de la ciudadanía y minimizar el riesgo para los agentes de seguridad en áreas de alta tensión.
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