La Procuraduría General de la Nación dio a conocer que abrió investigación contra los concejales de Pitalito, por presuntas irregularidades en la elección del personero Hernando Reyes Liscano. Al parecer eligieron y posesionaron al funcionario pese a que aparentemente se encontraba inhabilitado para ocupar el cargo.
DIARIO DEL HUILA, PRIMER PLANO
Por: Johan Eduardo Rojas López
Esta decisión que involucra a 14 cabildantes se da luego de una denuncia interpuesta años atrás, en donde también se abrió otra denuncia que está en curso en contra específicamente del personero municipal elegido para el periodo 2020-2023.
La apertura cobija a David Melo Esguerra, Octavio Ordóñez Perdomo, Laureano Molina Escarpeta, Juan David Palomares Valencia, Germán Gonzalo Díaz Rodríguez, Óscar Ordóñez Gómez y Manuel Jesús Muñoz Valderrama. También se abrió para Yelmi Murcia Vargas, Armando Aguilar Trujillo, Diego Alejandro Vargas Cabrera, José William Arboleda Clavijo, Jairo Enciso Muñoz Bahos, José Manuel Molina Rodríguez y Guillermo Rodríguez Rojas, es decir, para 14 de los 17 concejales.
Es así como, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón los investiga porque eligieron y posesionaron como personero municipal a Hernando Reyes Liscano, quien aparentemente se encontraba inhabilitado para ejercer el cargo, pues al parecer, durante el año anterior a su elección habría firmado dos contratos con entidades del municipio, circunstancia que le generaba un impedimento para asumir esa posición.
El Personero responde
Tras conocerse esta decisión, Diario Del Huila, se comunicó con Hernando Reyes Liscano, personero de Pitalito y principal implicado, quien manifestó que, esto se trata de un debate de tipo jurídico interno y bajo esas condiciones no quiere hacer ninguna presunción respecto a sus condiciones. “Es una circunstancia de la cual no se puede hacer ningún tipo de afirmaciones dado a que la falta de los concejales se da en la medida en que exista una responsabilidad disciplinaria declarada y al no haberla, mal haría en realizar algún pronunciamiento cuando todo depende de un análisis jurídico que corresponde a otras entidades”, afirmó.
En ese sentido, este tema, “al cual se le viene dando vueltas desde hace rato”, no ha sido posible que se defina, según algunas declaraciones anteriores porque el proceso de selección de los personeros años atrás cambió y ahora se realiza por concurso de mérito y bajo esos parámetros de concurso de mérito se hizo la elección de los personeros del periodo 2020-2024. Esto entonces dejaría de lado cualquier otra circunstancia.
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La primera denuncia
Ahora bien, Juan Pablo Puentes Vargas, abogado litigante, fue quien ocupó el segundo lugar en el concurso de mérito durante ese periodo y quien, luego de darse cuenta de la irregularidad interpuso una acción contra el personero de Pitalito, Hernando Reyes Liscano, puntualmente. Esto significa que, aunque está relacionada con la investigación contra los concejales, son dos procesos diferentes, los cuales, no han tenido avances de fondo.
“Esto empezó desde el 2019 ya que, ante la convocatoria del concurso para el cargo de personero municipal de Pitalito, yo me presenté junto con otras personas. Hicimos los exámenes y cumplimos con todo lo estipulado, para luego llegar a los resultados en donde yo quedé de segundo. Luego de que posesionaron al señor Hernando Reyes Liscano, tuve conocimiento que el señor había asumido el cargo violando la normatividad, por tanto, él durante el año anterior a convertirse en Personero había participado en dos contratos con la administración municipal. Uno con la ESE y el otro con el Instituto de Tránsito de Pitalito”, explicó el abogado.
Ante esta situación presentó la denuncia ante la Procuraduría General de la Nación, anudado a todo el sustento jurídico. Fue allí donde la entidad inició una etapa preliminar y sólo hasta un año después abrió la indagación preliminar, a pesar de que estaban todas las pruebas adjuntas. Luego, otro año después se hace la apertura de la indagación más formal, no obstante, habiendo transcurrido ese tiempo y con todas las pruebas presentadas, aún no se tiene una decisión contundente. Es así como desde diciembre del 2021 hasta la fecha, el proceso se supone que ha venido avanzando, pero no hay una decisión de fondo y “valga resaltar que apenas sería una decisión de primera instancia”, dijo.
Aseguró además que, “Lleva mucho tiempo sin avances. Yo el año antepasado envié una solicitud y solo me indicaron que el proceso ha venido avanzando, pero hasta la fecha seguimos esperando y ya se va a cumplir el periodo del personero pese a un hecho que es flagrante porque él ante el Notario Segundo de Pitalito bajo la gravedad de juramento manifestó que no se encontraba en curso en las inhabilidad, incompatibilidades, conflicto de interés, prohibición o impedimento legal que se encuentre establecido en la constitución y la ley para asumir el cargo de personero municipal de Pitalito. Esto al confrontarlo con la norma, está claro que hay una ilegalidad, a pesar de que no se ha tomado una decisión de fondo”.
Responsabilidad de los cabildantes
A pesar de que esta denuncia que fue presentada desde el 28 de septiembre del 2020 se interpuso estrictamente contra el Personero de Pitalito, según Puentes Vargas, también hay una responsabilidad de los concejales al haber elegido a unas personas en esas situaciones. Esa queja disciplinaria, que pone el tema sobre la ‘mesa’ nuevamente, se presentó semanas después por parte de otras personas, la cual, al parecer, ha estado más lenta todavía.
“Esto es un caso particularmente grave porque los personeros son parte del Ministerio Público y, por tanto, tienen autoridad disciplinaria en el municipio y que esto suceda con esta autoridad y la Procuraduría General de la Nación se tome todo este tiempo es complejo. Igual ya hay antecedentes por concejales sancionados por hechos similares”, agregó.
En respuesta a lo expresado por Hernando Reyes Liscano, indicó que, es cierto que no hay una decisión de fondo, pero eso no borra los hechos que lo implicarían, además, de acuerdo con el abogado litigante no se ha tomado una decisión únicamente por la demora de la entidad.
Igualmente, sostuvo que, el actual personero del municipio se ha venido apoyando en un argumento débil porque hay ya jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado que tumbaría la afirmación reiterada del implicado.
“Ese argumento que dice que no se aplican las causales de inhabilidad porque son concurso de méritos es muy débil porque la Corte Constitucional en la sentencia C393 del 2019 dice puntualmente que esto no es así y se si aplican esas causales. Es entendible que él salga con eso porque es lo único medio jurídico que él puede llegar a decir porque no hay forma de defender una ilegalidad tan grande”, concluyó.
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Persiste la confianza en los entes encargados
Clarena Mora, presidente de concejo de Pitalito, se refirió a lo indicado por la Procuraduría General de la Nación y comentó que, “la elección del Personero no es un tema de ahora, sino desde el mismo año en que, mediante un proceso adelantado por una universidad pública, se ha investigado. Será el ente de control el encargado de determinar si hubo irregularidad alguna, confío en que lo realizado se ajustó a lo determinado por la Ley”.
A su vez, María Eugenia Herrera, promotora del proceso de revocatoria del alcalde de Pitalito, mencionó que, años atrás se supo de ese ‘escandalo’ pero no se tuvo más información por eso la noticia la sorprende y le permite recuperar la confianza hacia las entidades. “Inicialmente en el municipio hubo un gran revuelo por esa investigación, fue algo que a todos nos asombró y creíamos que esto ya había finalizado, pero al tener esta necia nuevamente tendremos que estar pendientes de las sesiones que se tomen en ese sentido. Confiamos en que las instituciones hagan su trabajo, después de las denuncias que se instauraron en el momento. Se confía en las instituciones y se espera que actúen conforme a su misión y a lo que está estipulado para estos casos”, argumentó.
Añadió además que, esto permite recuperar la confianza en la justicia porque lo que se espera es que las instituciones actúen dentro de los términos de ley y rápidamente para que sean efectivos al investigar, sancionar o absolver si es el caso, “pero que de verdad le devuelvan esa confianza a la ciudadanía para que continúen creyendo en las instituciones y acercándose a ellas y lo que tenga que pasar suceda dentro de los términos de ley sin que dilaten las cosas y queden en un final que nadie espera y es el olvido. La idea es que brinden todas las garantías para todos los ciudadanos”.
Finalmente, los ahora investigados podrán ser escuchados en versión libre si así lo solicitan.
