Aníbal Charry González
Nadie puede alegrarse de la desgracia ajena en este país lleno de desgracias personales y colectivas de todo pelaje, pero en el campo de la justicia es necesario destacar sus actuaciones en el campo penal cuando se actúa con rigor, sobre todo cuando se trata de delitos contra la administración pública, que por supuesto no implica que cuando se aplaude una decisión de esa naturaleza se esté alegrando del sufrimiento ajeno, de suyo traumático para quien lo padece y su entorno familiar, que hay que lamentar especialmente cuando se trata de la privación de un derecho tan caro al ser humano como es la libertad.
Por eso resulta pertinente relievar sin ánimo de vindicta, la condena que ha hecho el Juzgado primero Penal del Circuito de Neiva, que condenó al exalcalde de esta ciudad Héctor Aníbal Ramírez Escobar y al exgerente de Empresas Públicas de Neiva Juan Carlos Herrera Gutiérrez a 10 años y 8 meses de prisión, y 9 años y 4 meses respectivamente sin hacer ninguna concesión, y 10 años de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas , por el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales -que es el delito más cometido por los gobernantes dedicados a la politiquería infame, que no a la política como arte de gobierno en beneficio de la sociedad que los elige-, en este caso, de la primera fase del proyecto del parque Isla, uno de los más protuberantes de los llamados elefantes blancos, que como lo he reiterado han convertido a nuestra región en pastaje ideal de esta clase de viles proboscidios, como ocurre desgraciadamente en todo el país producto de la corrupción.
Y cito textualmente las argumentaciones para la condena de marras por parte de la juez Socorro Álvarez Meneses en referencia a la actuación del entonces alcalde: “desconoció su mismo reglamento al no observar siquiera los mínimos requisitos de lo que se trataba la construcción autorizada sobre el diseño de un proyecto. Sin fundamento legal se determinó omitir una licitación pública, se dispuso una contratación directa a través de EPN siendo gerente el ingeniero Juan Carlos Herrera Gutiérrez, con quien se celebró el contrato interadministrativo 675, con dolo, por las irregularidades en su tramitación que afectó a la ciudadanía de Neiva porque se privó de un espacio recreacional”.
Motivación contundente para soportar la dura condena, que además agregó la falta de planificación y transparencia en la contratación como siempre ocurre para la comisión de este ilícito, que yo agregaría privó a la ciudad además de sentar las bases para ser un verdadero destino turístico con la construcción de este proyecto emblemático trocado en elefante blanco por la corrupción de un gobernante, que confirma lo expresado lapidariamente por la secretaria de Competitividad de Neiva Mayerli Pérez, de que esta ciudad vergonzosamente no es ni nunca ha sido destino turístico, y debo añadir por la incompetencia y claro, la corrupción de nuestros gobernantes, que no merecen sino condenas aleccionantes para combatir de veras esta endemia ruin en la administración pública.
