Un juzgado de El Salvador impuso una condena de 50 años de prisión a una joven que tuvo un parto en su casa y que inicialmente fue procesada por aborto y condenada por homicidio agravado. Esta es la primera vez que se aplica la pena máxima desde que se penalizó de manera absoluta el aborto en el país.
En consecuencia, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto rechazó la decisión judicial y anunció que apelará el fallo dictado el pasado 29 de junio por un juzgado de San Miguel, 135 kilómetros al este de la capital.
Morena Herrera, quien dirige el colectivo que defiende los derechos de las mujeres en El Salvador, dijo en un comunicado de prensa que, “El Estado salvadoreño una vez más continúa enseñándose con mujeres que no han tenido derecho ni condiciones para defenderse”.
La legislación salvadoreña penaliza toda forma de aborto, incluso el terapéutico, y castiga tanto a las mujeres como a los médicos que los practiquen. De ser encontradas culpables, las penas varían de dos a ocho años. Sin embargo, en muchos casos el delito cambia a homicidio agravado por el parentesco de la víctima y las mujeres pueden llegar a ser condenadas de 30 a 50 años de prisión.
Entre tanto, el Ministerio Público informó que la condena de Lesly Lisbeth Ramírez se basó en las pruebas presentadas en el juicio por los fiscales del caso y el dictamen forense que determinó como causa del fallecimiento de la bebé. Según la investigación de la Fiscalía, la joven, que residía en una zona rural del oriente del país, ocultó su embarazo a los familiares y tuvo un parto extrahospitalario en el que dio a luz a una niña que nació con vida y que, a través del reconocimiento forense, se estimó que tenía entre las 37 y 40 semanas de gestación.
No obstante, el colectivo feminista indicó que la joven, que en ese momento tenía 19 años, un nivel de educación escolar bajo y sin educación sexual integral desconocía lo que estaba sucediendo en su cuerpo y el 17 de junio de 2020, a las 9:30 de la noche, tuvo una emergencia obstétrica en su casa, sintió deseo de defecar y sin saberlo comenzaba el trabajo de parto.
Los familiares llamaron a emergencias de la policía para que la trasladaran a un hospital, donde fue detenida y acusada inicialmente de aborto.
Lisbeth Ramírez es la tercera de siete hermanos de una familia que vive en situación de pobreza extrema que no tiene acceso a agua potable ni electricidad y subsiste con el trabajo agrícola. Sólo cursó hasta el séptimo grado y asumió las tareas del hogar y el cuidado de sus cuatro hermanos menores de edad.
El colectivo asegura que el proceso jurídico contra la joven estuvo lleno de irregularidades y prejuicios y que el juez no admitió la incorporación de pruebas que demostraban su inocencia. Tampoco valoró el peritaje social de Medicina Legal que evidencia la violencia de género a la que la joven había sido sometida, ni el peritaje psicológico que sugería la realización de un estudio psiquiátrico.
Finalmente, desde diciembre de 2021, el gobierno salvadoreño ha conmutado la condena a nueve mujeres que sufrieron emergencias obstétricas y que fueron procesadas por aborto. El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíben el aborto sin excepciones junto a Nicaragua, Honduras y República Dominicana. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido al Estado salvadoreño derogar la ley que prohíbe la interrupción del embarazo, pero no se ha tenido resultado.
