Como se tenía previsto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Colombiano por el asesinato sistemático de los integrantes de la Unión Patriota, después de una lucha incesante de los familiares que sufrieron el rigor de la violencia de los grupos narcoterroristas y que en la mayoría de los casos estos actores fueron los causantes de estas masacres. Por supuesto que en algunos casos, hubo alianzas con algunas unidades militares que se prestaron para que ocurrieran estas abominables asesinatos. Se estiman que cerca de 5.500 miembros que sufrieron las consecuencias de esta guerra hirsuta. Es una buena medida que les va a permitir a sus familiares tener la oportunidad de ser indemnizados por parte de la Nación. Igualmente se conoció el dato estadístico de 5.500 militares y miembros de la Fuerza Pública desaparecidos durante el periodo de conflicto y que a la fecha no ha cesado.
De acuerdo con algunas versiones de algunos sectores de opinión que salieron afectados, muchos de estos asesinatos, se presentaron por venganzas producto del odio que auspiciaron en algunas regiones del país. Esto no es nuevo. Todavía se siguen presentando masacres a pesar de los esfuerzos gubernamentales de la actual administración nación de frenar estas secuencias de baños de sangre que no cesan en algunos territorios donde no han desaparecido estas escenas de horror. Todos sabemos la ideología que tiene esta Corte, que siempre se ha caracterizado en promulgar estas decisiones judiciales, en contra de la institucionalidad colombiana.
El país está en una crisis de seguridad. El crimen organizado sigue sin da tregua en algunas regiones del país. Hay que reconocer el accionar de las autoridades que han logrado desarticular durante los últimos meses peligrosas y tenebrosas bandas de atracadores. A pesar de este fallo, es indispensable que el Estado no baje la guardia. No se pueden debilitar a las fuerzas militares de Colombia. Este fenómeno es muy complejo. Con los cantos de sirena de la paz total, el gobierno nacional no puede desconocer que tenemos una cruda realidad que la ha venido padeciendo la sociedad colombiana, que se ha incrementado desde hace 60 años con la presencia de organizaciones insurgentes. Hay que enfrentar decididamente todas las formas posibles, el flagelo del narcotráfico, cuyas rentas mueven el aparato de la muerte instrumental. Es una necesidad apremiante para la seguridad del país. Pero también urge dedicar cada vez más recursos a identificar, capturar y condenar a los gatilleros profesionales y sus redes. Una tarea en la que será clave contar, además, con el concurso del aparato judicial para garantizar que el Estado, como un todo, reaccione con las legítimas herramientas que le dan la Constitución y el derecho para enfrentar las amenazas contra la seguridad de todos los colombianos.
