La Fiscalía General del Nación informó sobre las condenas de más de 20 años de prisión para cinco personas que formaban parte del Grupo Armado Organizado Residual (Gaor) Dagoberto Ramos en el departamento de Huila.
José Alexánder Guetocue Cuello, Luz Enilce López Pencue, Israel Jeromito Quinto, Héctor Arturo Ecue Quinto y Jairo Jorge Pame han sido sentenciados luego de que la Fiscalía presentara contundentes pruebas que demostraban su participación en actividades delictivas.
Según la investigación, los condenados utilizaron panfletos, llamadas telefónicas y reuniones presenciales para intimidar a varios residentes de los municipios de La Plata, Nataga, Tesalia, Yaguará, Palermo y Teruel en Huila. Mediante amenazas de muerte, obligaron a las víctimas a entregar alrededor de 70 millones de pesos como medida para evitar ser asesinados o sufrir daños en sus propiedades y negocios.
La Fiscalía ha registrado al menos seis casos de extorsión, entre ellos el de un residente del municipio de Teruel que se vio forzado a entregar 30 millones de pesos en abril de 2021 para preservar su vida. Otra víctima entregó 20 millones de pesos después de recibir un panfleto amenazante.
El trabajo coordinado entre la Fiscalía, el Gaula de la Policía y el Ejército Nacional resultó en la captura de los condenados en 2021, en una operación llevada a cabo en la zona rural de Teruel. Durante los procedimientos, se incautaron armas de fuego, más de 60 millones de pesos en efectivo, teléfonos celulares y prendas militares.
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Los procesados fueron encontrados culpables de los delitos de concierto para delinquir con fines extorsivos, extorsión agravada, utilización ilegal de uniformes e insignias de uso privativo, uso de menores de edad para cometer delitos, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego y sus accesorios.
El juez dictaminó que Guetocue Cuello deberá cumplir una condena de 22 años de prisión, mientras que los demás implicados fueron sentenciados a 21 años y medio de cárcel. Además, todos deberán pagar multas superiores a los 16.266 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) y enfrentarán una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de 20 años.
