Fabio Augusto Martínez Lugo, mediante preacuerdo, aceptó los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, prevaricato por acción y violación ilícita de comunicaciones.
Los actos investigativos realizados por la Fiscalía General de la Nación establecieron que el exfiscal especializado Fabio Augusto Martínez Lugo participó en una red de corrupción, la cual interceptó ilegalmente las comunicaciones de profesionales y representantes de empresas y sindicatos entre 2017 y 2018.
Esta persona utilizó su cargo para concertarse ilícitamente con otros funcionarios y particulares con el propósito de obtener información privada y corporativa que, posteriormente, fue comercializada a terceros. En el curso del proceso fueron documentados siete eventos distintos en los que faltó a su deber constitucional y fue invadida la privacidad de las víctimas.
En todos los casos que se le atribuyen al exfiscal, las órdenes de interceptación fueron legalizadas ante jueces de control de garantías con documentos que contenían datos y hechos contrarios a la verdad, lo que hizo incurrir en error a los diferentes despachos judiciales.
El señor Martínez Lugo, mediante preacuerdo, aceptó de manera libre y voluntaria su responsabilidad. Este reconocimiento fue avalado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que lo condenó a siete años y tres meses de prisión por los delitos de: concierto para delinquir, fraude procesal, prevaricato por acción y violación ilícita de comunicaciones.
El fallo dispone que la pena se cumplirá en centro carcelario y que el sentenciado deberá pagar una multa de 302 millones de pesos; además de enfrentar inhabilidad de 87 meses para ejercer cargos públicos. “La Fiscalía ha llegado a exponer un preacuerdo claro, respetuoso y verdaderamente conectado con las funciones profundas de estos mecanismos de justicia”, precisó el Tribunal Superior en la decisión.
Durante la audiencia en la que la Fiscalía presentó el preacuerdo, el exfuncionario judicial ofreció excusas públicas. Pidió perdón a la Fiscalía, la Rama Judicial, las víctimas y la sociedad por sus actos delictivos y los daños causados.
