DIARIO DEL HUILA, PRIMER PLANO
Por el delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales en calidad de coautores serán condenados Héctor Aníbal Ramírez Escobar; exalcalde de Neiva y Juan Carlos Herrera, gerente de Empresas Públicas de Neiva de ese momento.
Ayer se conoció el sentido del fallo condenatorio emitido por la Juez Primera Municipal en contra de Héctor Aníbal Ramírez Escobar; exalcalde de Neiva para el periodo (2008-2011) y Juan Carlos Herrera, gerente de Empresas Públicas de Neiva para el mismo periodo.
“A las luces del artículo 450 del código de procedimiento penal es un fallo condenatorio y al estar Héctor Aníbal Ramírez Escobar y Juan Carlos Herrera en libertad deberá hacerse efectiva la orden de captura evitando que existan subrogados favorables en este momento” leyó la Juez Primera Penal Municipal.
Aníbal Ramírez y a Herrera se les imputaron los cargos de celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales en calidad de coautores. El proceso que se le sigue está ligado a la obra del Parque Isla de Aventura mediante contrato de obra No. 573 de 2010 en el cual se invirtieron cerca de 47.000 millones de pesos.
Contexto
Cabe resaltar que las investigaciones vendrían desde el año 2019 en donde la Fiscalía le había puesto la lupa a uno de los proyectos más significativos para la ciudad de Neiva y que lejos de ser una realidad se convirtió en la principal investigación en contra del exalcalde y otros funcionarios.
Lo que se presume es que la obra habría sido contratada sin la debida planeación razón por la cual el Juzgado 10° Penal Municipal, con funciones de control de garantías de Neiva, acogió los argumentos del ente acusador y concedió medidas no privativas de la libertad al exalcalde, quién ejerció en el período entre 2008-2011, al exjefe de contratación, Euclides Dussan García y al representante legal del consorcio Muelle 2010, Juan David Cárcamo Luna para el año 2019.
El proyecto estaba destinado para el turismo ecológico, adicional a la construcción en obra civil, la cual se encuentra en la actualidad abandonada en la isla del río Magdalena, además de una barcaza que hoy se encuentra abandonada a orillas del parque El Caracolí, significando esto un detrimento adicional al patrimonio del Municipio de cerca de $300.000.000.
El proyecto tenía como objetivo prestar servicios de transporte fluvial desde y hacia el parque ecoturístico, siendo este un atractivo adicional, en una apuesta por convertir la afluente en una oportunidad económica más para la ciudad.
Lo que se había conocido era que la barca permanecía en completo abandono y era foco de permanencia de habitantes de calle y consumidores de alucinógenos causando inseguridad en el sector donde se encontraba.
El contrato
Frente a la necesidad de un transporte fluvial para conectar la ciudad con el parque se expidió el Decreto 562 del 31 de julio de 2009 donde se le daban las facultades a Euclides Dussan García para hacer el pliego de la licitación pública, para el diseño y construcción del medio de transporte.
Se realizó acto de licitación, pasó a convocatoria por un valor superior a los de $624 millones de acuerdo al estudio previo elaborado por Nicolás Darío Zapata, director de la Dirección de Asistencia Técnica Rural y Medio Ambiente – Datma el cual terminó siendo adjudicado al consorcio Muelle 2010.
La inversión acordada finalmente entre las partes fue de 616 millones 397.600 pesos, con vigencia de 8 meses y puesta en marcha dos meses, luego de su terminación.
Por ajustar “necesidades” en la barza se hicieron cambios y terminó dándose una adición de más de $294 millones el 2 de mayo de 2011 al contrato No. 573, el cual solo meses después de dio por terminado.
Lo cierto de todo es que Neiva se quedó sin dicho proyecto que prometía ser muy valioso para el desarrollo de distintos sectores de la economía aludiendo todo a problemas de estructuración técnica tanto del contrato como del proyecto.
La Fiscalía para el año 2019 aseguró que “se presentó un sobre costo o diferencia de precio” en la construcción de la barcaza y el muelle flotante por 322 millones 989.008 pesos. La administración municipal terminó entregándole al contratista 915 millones 748.712 pesos, por un proyecto que estaba avaluado en 592 millones 759.704 pesos, según la experticia del ingeniero Castañeda Vanegas.
