La Superintendencia de Industria y Comercio SIC estableció un esquema de garantías para poner fin a una investigación administrativa que se está llevando a cabo contra Avianca, Viva Airlines y Richard Galindo Sánchez, por prácticas restrictivas de la competencia.
La Superintendencia de Industria y Comercio SIC ha aceptado la terminación anticipada de la investigación si los compromisos que asumen los investigados generan mayores beneficios para la competencia y los consumidores en comparación con lo que se lograría mediante una sanción. En este caso, el esquema de garantías contempla medidas estructurales para proteger la dinámica de competencia en el mercado de transporte aéreo y para beneficiar a los consumidores, principalmente aquellos que pudieron resultar afectados por la suspensión de operaciones de Viva Colombia y Viva Perú.
Las garantías establecidas implican que Avianca, Viva Colombia y Viva Perú adopten medidas estructurales para asegurar que actúen de manera independiente en el mercado, sin tener actuaciones conjuntas o coordinadas, garantizando la ausencia de influencia competitiva entre ellas y no intercambiando información estratégica, confidencial o sensible. Además, deberán remover de sus cargos a todas aquellas personas que puedan generar vínculos entre las aerolíneas para asegurar que no exista ninguna coordinación en el comportamiento competitivo de las investigadas.
Otra garantía importante es la compensación de los pasajeros que pudieron resultar afectados por la suspensión de operaciones de Viva Colombia y Viva Perú. Los consumidores afectados podrán elegir entre un voucher por el 150% del valor total del tiquete que podrá ser redimido en esas aerolíneas, la prestación del servicio en las condiciones inicialmente pactadas o el reembolso del total del dinero pagado con la correspondiente indexación basada en el incremento del IPC. Además, Avianca, Viva Colombia y Viva Perú deberán establecer canales de atención especiales y diferenciados para atender las solicitudes formuladas por los consumidores afectados.
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En caso de disolución y liquidación de cualquiera de las aerolíneas investigadas, el esquema de garantías se mantendrá vigente y será exigible respecto de las demás investigadas que continúen desarrollando su objeto social. Además, deberán implementar programas de cumplimiento orientados a prevenir que incurran en conductas anticompetitivas, elaborar informes semanales por parte de un auditor independiente para verificar el cumplimiento de las garantías.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el esquema de garantías representa una violación al Régimen de Protección de la Competencia que, en consecuencia, podría ser sancionado con la imposición de multas de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1340 de 2009.
