Este titular parece sacado de la conciencia de EPA Colombia, la misma que con un martillo, públicamente, sin aprecio por los bienes públicos y las libertades constitucionales, destrozó parte de una estación del Transmilenio, que luego fue enjuiciada y condenada, que fue sujeto de ataques personales y cibernéticos, pero al final hoy vive un remanso de paz con su conciencia y la de los colombianos ofendidos que ya ni recuerdan ese hecho, al contrario la adulan como una mujer “berraca”, si, así nos gustan, que entre más transgredan la ley y la burlen, se forman en nuestros imaginarios colectivos como unos lideres a seguir, respetar y si es posible levantar un busto a su figura.
Exactamente así actúan nuestros congresistas, los de ahora y los de antes, no todos claro está, pero para nuestra desgracia si el 90% que manipulan el quehacer diario de (45) millones de colombianos, ahora (50) según el registrador nacional, y es aterrador que menos de 230 personas impongan su criterio y sus intereses, por lo que debemos pensar en cambiarlos sustancialmente, pues el serrucho de otrora sucumbió al martillo del pupitrazo.
Luego del cabildeo inescrupuloso del Gobierno Duque, que siente que es una de sus últimas jugaditas, y que podría significar la única forma de evitar perder el poder de los últimos (20) años del uribismo y los últimos (70) años de la clase tradicional ambiciosa, animó a votar de forma ilegal e inconstitucional la ley del presupuesto general de la nación, incluyendo algunas normas que son contrarias a derecho, esto es, que no se pueden tramitar a través de leyes ordinarias como ésta, sino dentro del esquema de una ley estatutaria (en derecho las cosas se deshacen como se hacen).
Podríamos pensar que estamos siendo testigos que el último eslabón de la cadena uribista fue Duque, quien con su estilo y desgobierno no solo desilusionó a quienes votamos por él y a los que no lo hicieron también, pero no es menos cierto que seremos posiblemente los ciudadanos que daremos paso a un gobierno nacido fuera de las entrañas de una clase política corrupta y que siempre propendió por mantener las desigualdades, pues no es solo Uribe el que se destiñe, aquí está en juego la existencia misma de todos aquellos que no quieren perder el control político y económico, aquí no estamos ante una discusión de tipo presupuestal , estamos ante un asunto de naturaleza democrática, la ruptura de unidad de materia con la decisión del congreso, cuyos miembros hacen parte de esas élites y partidos tradicionales, vemos su afán por cumplir a sus financiadores y directamente su propia existencia y requieren llevar convenios y dinero en esta época preelectoral.
Así pues se aprobó el artículo 125 que propone suspender el inciso primero de la Ley 996, conocida como la Ley de Garantías, que a decir de sus promotores fue creada para cuando había reelección presidencial y que ya no la hay, entonces sobra este artículo, olvidando entonces que siendo nuestro Estado una democracia real, toda la estructura electoral mantiene una unidad de funcionamiento, pues las elecciones de congreso se soportan en los alcaldes y gobernadores de las regiones ahora beneficiadas, y de los congresistas depende el rumbo que tomara el país frente a las presidenciables, sin importar si hay reelección, pero si debe importar la igualdad de participación y ello no es posible cuando el gobierno de turno facilita este modelo de contratación pre electoral.
Me despido citando dos puntos de vista distantes entre sí, pues mientras el gobierno y sus aliados insisten que es la forma de reactivar la economía del país de la post pandemia del covid -19, el Consejo Gremial Nacional, pidió eliminar esa propuesta por improcedente y lesiva con el propósito de que la contratación estatal y los recursos públicos se protejan en los ciclos electorales.
