En un momento crucial para las propuestas de reformas sociales del Gobierno Nacional, la atención se centra en la reforma pensional, un proyecto que está acaparando la atención tanto del Congreso como de los medios de comunicación.
Durante el cuarto y último debate de la iniciativa, la plenaria de la Cámara de Representantes ha propuesto cambios significativos al articulado, algunos de los cuales coinciden con las sugerencias de expertos académicos y líderes de centros de estudio nacionales.
Una de las propuestas más destacadas es retrasar la entrada en vigencia del nuevo régimen pensional hasta el año 2027, en lugar de implementarlo el próximo 1 de julio de 2025, como está previsto actualmente en la propuesta oficial.
Catherine Juvinao, junto con otros representantes de la oposición, presentó esta propuesta argumentando que la fecha propuesta inicialmente es inviable, según lo alertado por la Procuraduría. «Para la fecha propuesta, Colpensiones no estará lista ni técnicamente ni administrativamente», aseguró la representante Juvinao.
Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, respalda esta postura y afirma que la rápida implementación del nuevo régimen sería perjudicial para el país. «El país no está preparado para hacer la transición a un sistema de pilares. Lo único que podría implementarse a corto plazo es el pilar solidario. El país necesita más tiempo para prepararse tanto en términos institucionales como tecnológicos», declaró.
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Otro punto de discusión crucial es el umbral de cotización para el pilar contributivo, que se ha fijado en 2,3 salarios mínimos. A pesar de la flexibilización del Gobierno, algunos políticos podrían intentar elevar este umbral hasta 4 salarios mínimos, como lo solicitó el presidente Gustavo Petro.
Además, preocupa el manejo del fondo de ahorro del pilar contributivo, que ahora será administrado por una comisión designada por el presidente de la República, según lo especificado en el último debate.
El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha destacado la importancia de modificar este aspecto en la discusión de la plenaria, asegurando que los miembros de este fondo deben ser nombrados por el gobierno basándose en una lista proporcionada por el Banco de la República y cumpliendo con los requisitos de experiencia establecidos por la ley.
En un desarrollo posterior, el Ministerio de Hacienda emitió un concepto fiscal favorable al proyecto de reforma pensional, señalando que todas las consideraciones incluidas son factibles desde el punto de vista fiscal, manteniendo la sostenibilidad del sistema de protección a la vejez y de las finanzas públicas en el largo plazo.
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