El Consejo de Estado emitió una condena contra la Nación, representada por el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, tras determinar un uso desproporcionado de la fuerza en un operativo militar realizado en Salento, Quindío, en enero de 2009.
Este fallo obliga a reparar a los familiares de dos ciudadanos que perdieron la vida durante la intervención, que había sido llevada a cabo con el objetivo de contrarrestar una extorsión sufrida por un ciudadano en la región.
Inicialmente, el Tribunal Administrativo del Quindío había fallado en contra de las autoridades involucradas, responsabilizándolas por el uso indebido de la fuerza durante el operativo, el cual fue ejecutado por agentes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y miembros del Ejército. Las entidades apelaron la decisión, argumentando que el uso de la fuerza fue legítimo debido a un ataque previo perpetrado por las víctimas, mientras que los demandantes sostenían que se trató de una ejecución extrajudicial.
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Tras revisar las pruebas, el Consejo de Estado descartó la posibilidad de una ejecución extrajudicial, basándose en la denuncia inicial presentada por un ciudadano que había sido víctima de extorsión por individuos que se identificaron como integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Testimonios adicionales confirmaron que una de las personas fallecidas estaba vinculada a actividades extorsivas en la región, lo cual justificaba la intervención estatal.
Sin embargo, el Consejo de Estado determinó que, aunque no se trató de un combate simulado, sí existió un uso excesivo de la fuerza. El fallo subrayó que la ventaja en armamento y el factor sorpresa que poseían los agentes del Estado debería haber llevado a una respuesta más mesurada, y no a la muerte de los involucrados. Por este motivo, se ordenó una reparación por los daños morales sufridos por los familiares de las víctimas, reconociendo su derecho a ser indemnizados por las consecuencias del operativo.
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