El Consejo de Estado ha confirmado que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene la facultad para investigar las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña presidencial de 2022 del Pacto Histórico, liderada por Gustavo Petro.
Esta decisión, que lleva la firma de la consejera ponente María del Pilar Bahamón, representa un paso clave en el escrutinio de los procesos electorales del país.
El fallo especifica que el CNE puede «continuar la investigación administrativa por las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos frente a las campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta del año 2022 de la Coalición Pacto Histórico«.
Además, el Consejo de Estado no solo reconoció la competencia del CNE, sino que también reforzó el papel del Congreso de la República en este delicado asunto. Según el alto tribunal, será el Congreso quien deberá «decidir sobre la eventual sanción de pérdida del cargo del presidente de la República«, en caso de que las investigaciones del CNE lleguen a esa conclusión.
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Esta decisión se enmarca dentro de lo establecido en el artículo 21 de la Ley Estatutaria 996 de 2005, que regula los procedimientos para investigaciones y juicios por indignidad política. El Congreso, según la ley, actuará de manera autónoma en la toma de decisiones sobre posibles sanciones que puedan derivarse de las irregularidades investigadas.
Con esta ratificación de competencias, el CNE continuará su investigación sobre las finanzas de la campaña de Gustavo Petro, un proceso que podría tener repercusiones significativas en el ámbito político colombiano.
Dependiendo de los hallazgos, el Congreso podría verse en la necesidad de iniciar un proceso para determinar la continuidad de Petro en la presidencia, un escenario que, aunque todavía lejano, comienza a tomar forma.
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