Por: Amadeo González Triviño
Cuando han transcurrido 30 años de vigencia de la carta política colombiana, luego de una Asamblea Nacional Constituyente, es triste y lamentable tener que aceptar que la política colombiana y su clase dirigente, se han encargado de desbaratar poco a poco, los postulados que sirvieron de base para pregonar la vigencia de un Estado Social de Derecho y por el contrario, día a día, volvemos a reiterar nuestra inveterada costumbre de estar legislando, creando leyes, decretos y normas, según el estado de ánimo de quienes ocupan el poder o de quienes son los que direccionan la corrupción en todos los niveles a los que nos hemos acostumbrado.
Además, es de nuevo entender y comprender: hecha la ley, hecha la trampa. A su vez, la realidad nos demuestra que los procesos legislativos se hacen de espaldas al país y que de nada valen las protestas sociales, la inconformidad ciudadana y lo que es peor, los paros que se promueven para demandar, hoy o mañana, las soluciones a los problemas vitales inherentes a todos los colombianos.
Todo esto, por cuanto es pertinente resaltar que hace días, se vienen creando leyes o actos modificatorios de la Constitución Política de Colombia, según los ánimos de sectores que no representan a las comunidades y que por consiguiente hacen parte de estrategias que en últimas terminan siendo representativas de esa variabilidad o de sensacionalismo propia de los medios de comunicación o de pequeños sectores que utilizando aquellos día a día, crean factores y elementos que distorsionan la realidad y que por tanto hacen parte de premisas falsas con las que se gobierna en la actualidad.
Este Estado Social de Derecho, es un caos. A nivel internacional se cuestiona en forma permanente la violación de las garantías mínimas de que gozan los ciudadanos, resaltando que los Derechos Humanos, constituyen una verdadera calamidad pública. Esto está representado en el asesinato de líderes sociales y de personas que en su oportunidad han regresado a la vida civil, luego de los procesos políticos de negociación con quienes transgreden el ordenamiento jurídico. El Acuerdo de la Habana, es parte de uno de esos hechos en los que, al haber sido incorporado con criterios de constitucionalidad, merecía todo el acompañamiento del gobierno de turno, y esto no se ha presentado y por el contrario, se utiliza para generar una lucha que busca desnaturalizarlo y convertirlo en un punto de confrontación y de polarización de los sectores políticos en conflicto, como sucede en la actualidad.
Es hora y es menester recordar que los conceptos de constitucionalidad vienen día a día, siendo transformados por posiciones equivocadas que se ponen al servicio de las causas y de ideas políticas, todo lo cual, merece un reproche y requiere ser rescatado por cuanto estamos perdiendo la brújula de la convivencia ciudadana, de la paz y de la reconciliación nacional, como presupuestos de una sociedad que no hemos tenido hace mucho tiempo y quisiéramos alcanzar por un instante cómo mínimo.
A quienes un día soñamos con una Constitución, es hora de volver a soñar y de esperar que llegue aquel día en el que sus normas, no estén al capricho de sectores irreconciliables de la política nacional.
