Por Juan Pablo Liévano
El Gobierno de “El Cambio” lleva casi dos años en el poder. Su agenda desde el principio ha sido clara: cambiar el modelo social, político y económico del país. Se trata, ni más ni menos, de implantar el socialismo en Colombia.
Las “batallas” en camino hacia esa quimera son el cambio climático y la transición energética, la economía extractivista, el enfoque de género, la paz total, la implementación del acuerdo de paz, la economía popular, la legalización de las drogas, la Colombia profunda y las minorías, la reforma agraria y los derechos absolutos laborales, pensionales y de salud. Los resultados de esas “batallas” han sido variopintos, a pesar de contar con todo el poder y los recursos de la presidencia con el actual andamiaje institucional.
El Gobierno ha avanzado la agenda mediante la combinación de medios y formas políticas. Primero, intentó el diálogo, buscando apoyos políticos en el centro, para lo que incorporó en su gabinete varias figuras nacionales moderadas. No obstante, la estrategia resultó infructuosa, pues quería imponer y no negociar o concertar. Este proceso democrático e institucional debió parecerle engorroso al Gobierno y, seguramente, le causó ansiedad y afán, pues el cambio pretendido requiere más de cuatro años o es imposible dentro de la institucionalidad actual.
Ante el fracaso, el Gobierno empezó con una agenda agresiva de caos, polarización e imposición, e hizo un llamado a respetar el mandato popular del cambio, consecuencia de su elección. De todas formas, mediante esta combinación de medios y formas políticas, es decir, idas y venidas entre moderación, diálogo, radicalización e imposición, algo se logró, como la aprobación de la reforma pensional, no exenta de polémicas por la supuesta corrupción de la UNGRD.
Al no poder adelantar el cambio dentro de la institucionalidad, el Gobierno decidió hacer un llamado al “poder popular” y a una asamblea constituyente. Pretendía convocar una asamblea constituyente por decreto con los argumentos de 1990, por el clamor de los diálogos regionales y la necesidad imperiosa de los cambios sociales y económicos. Incluso sus áulicos se inventaron la peregrina idea de que el acuerdo de paz con las FARC lo permitía. Ante la imposibilidad política y jurídica y la frustración por no haber podido adelantar el cambio, el Gobierno otra vez trata de mostrarse presto al diálogo, para lo cual reclutó a un político profesional como Ministro del Interior.
El Gobierno entendió que es posible imponer su agenda dialogando y dentro de la institucionalidad e imposible imponerla radicalizándose y por decreto. No nos engañemos, este Gobierno no quiere dialogar y concertar, quiere imponer su agenda socialista. Cristo será el director de los cantos de sirena que apaciguará a los ingenuos de centro. Sonarán coros celestiales indicando lo inofensiva y necesaria que es una asamblea constituyente para solucionar los problemas del país, que además será “acotada” y parte de un “acuerdo nacional”. La realidad es que el crecimiento económico y la generación de empresa y empleo, que mejoren la calidad de vida de los colombianos, no requieren cambios constitucionales. Desafortunadamente, si se concreta esta mala y peligrosa idea, terminaremos poniendo en riesgo la estabilidad y viabilidad de la nación, de lo que nos arrepentiremos por generaciones.
