Ernesto Cardoso Camacho
Es indiscutible que en los sistemas democráticos la separación de poderes entre las ramas del poder público es indispensable. Así mismo, es también importante que el sistema democrático tenga diseñados los llamados pesos y contrapesos que garanticen el equilibrio con el cual se evitan los abusos del poder. Ello no obsta para que, tal como lo indica nuestra Carta Política, exista la colaboración armónica entre ellas para la eficaz realización de los fines del Estado.
Por otra parte, es verdad de Perogrullo que los canales a través de los cuales se expresa la democracia son los partidos políticos o movimientos sociales que representan los derechos y aspiraciones del ciudadano.
En este claro contexto, el congreso, donde toman asiento los representantes directos del poder constituyente como expresión de la soberanía popular; tiene la responsabilidad de hacer las leyes y ejercer el control político al ejecutivo, para que sus propuestas programáticas y las políticas públicas que las desarrollen; se cumplan en beneficio de sus electores y de toda la sociedad.
No obstante, en nuestro caso, ese sistema democrático viene sufriendo una constante distorsión que atenta contra su estabilidad y eficacia. Ha venido haciendo carrera la llamada gobernabilidad, entendida como los apoyos que el gobernante necesita de los congresistas; para que cuando sus bancadas no son mayoritarias; construya alianzas o coaliciones con los otros sectores para asegurar las mayorías que le permitan la aprobación de sus más importantes iniciativas de gobierno.
En aras de la verdad dicha gobernabilidad es necesaria en las democracias. Pero esta se distorsiona cuando las coaliciones o alianzas se construyen entre los sectores ideológicos o políticos claramente antagónicos, como estamos observando en la actualidad. Me refiero concretamente a las bancadas de los partidos liberal, conservador y de la U; que apoyaron la aspiración presidencial de Federico Gutiérrez en la primera vuelta presidencial, y que luego en su gran mayoría optaron por la opción del señor Rodolfo Hernández en la segunda ronda; hora han pasado a ser los principales soportes del gobernante en el Congreso. Pero, con claros compromisos de recibir a cambio ministerios y posiciones burocráticas. Es decir, en función de la gobernabilidad que fácilmente se transforma en intercambio de favores personales a los congresistas, quienes ya no representan a sus partidos ni a sus electores, sino a sí mismos. Esta termina siendo entonces la génesis del clientelismo electoral y el evidente peligro de que se anide la aberrante corrupción.
En consecuencia, la labor del legislativo se desvirtúa por completo y da lugar al llamado populismo legislativo que no es otra cosa que leyes o incluso actos legislativos demagógicos, tras los cuales se frustran las promesas con las que se entusiasmó al elector.
Lo que ha ocurrido con la aprobación de la llamada reforma tributaria es buen ejemplo de ello. De igual manera, la aprobación de la ley que prorroga las facultades al ejecutivo para afianzar la paz social que ahora se llama paz total dirigida a negociar con los desertores del anterior acuerdo de paz y pretender someter a la justicia a las numerosas bandas delincuenciales existentes; constituye otro claro ejemplo. Ahora vienen en turno decisiones legislativas como las de crear la Corte para la jurisdicción agraria; la ley que prohibirá la técnica del fracking para incrementar la producción petrolera; la ley estatutaria que “reformará” al sistema político y electoral; y la ley orgánica del Plan Nacional de Desarrollo donde se autorizarán recursos presupuestales para ampliar subsidios e incluso pretender pagarles a quienes actúan en la delincuencia para que cesen sus actividades ilegales.
A ese vertiginoso ritmo legislativo, podríamos tener en la próxima legislatura, actos legislativos que convoquen a una Constituyente NO limitada, o con los cuales se implementen cambios importantes en la actual estructura constitucional.
En conclusión, la demagogia legislativa estimulada desde el gobierno y con el anzuelo de la gobernabilidad, podríamos terminar en una amplia coalición del Pacto Histórico que arrase en las gobernaciones y alcaldías en las elecciones del 2023.
