El término anticipado del contrato de concesión costaría al país 350.000 millones de pesos.
El futuro del megaproyecto del Canal del Dique, una de las iniciativas más ambiciosas en materia ambiental y de restauración de ecosistemas degradados en Colombia, está en entredicho tras la alerta emitida por la Contraloría General de la República. Según el ente de control, si no se toman medidas correctivas inmediatas, el contrato de concesión podría terminarse de manera anticipada, lo que representaría un costo de $350.000 millones para el país sin que se realicen las obras previstas.
Este megaproyecto, valorado en $4,43 billones, fue adjudicado hace un año a la multinacional española Sacyr por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), marcando la primera gran concesión de la entidad en el ámbito ambiental. Sin embargo, a pesar de la firma del contrato, las obras no han podido iniciar debido a diversos trámites que han surgido posterior a la adjudicación. Entre los principales obstáculos se encuentra la falta de los términos de referencia necesarios para adelantar un estudio de impacto ambiental, un requisito clave para avanzar en las intervenciones programadas.
Desafíos del proyecto
El contralor Carlos Hernán Rodríguez expresó su preocupación por los desafíos que enfrenta el proyecto. “Es motivo de gran preocupación que, después de la firma del contrato, hayan surgido siete consultas previas adicionales, y que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), pese a su concepto inicial en contrario, ahora exija una licencia ambiental para todo el proyecto”, afirmó Rodríguez. Estos requerimientos adicionales no solo complican la ejecución del contrato, sino que también generan incertidumbre en cuanto a los cronogramas establecidos.
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A estos desafíos se suma la intervención de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que ha hecho obligatoria la implementación de un protocolo de sondeo y recuperación de víctimas a lo largo del Canal del Dique. Esta medida, aunque esencial para el reconocimiento y reparación de las víctimas del conflicto armado, agrega una capa adicional de complejidad al proyecto.
Los riesgos ya estaban contemplados
La Contraloría también criticó la decisión de la ANI de proceder con la adjudicación del contrato, argumentando que los riesgos mencionados ya estaban contemplados. No obstante, el ente de control advirtió sobre las posibles consecuencias de una terminación anticipada del contrato, lo que implicaría un pago significativo al concesionario sin que se haya realizado ninguna de las obras contempladas.
El inicio de la etapa de construcción del Canal del Dique está programado para el 2 de diciembre de 2024, pero esta fecha se encuentra en riesgo debido a los nuevos requerimientos y la falta de avances en los trámites necesarios. La situación pone en duda la viabilidad del megaproyecto y subraya la necesidad de acciones inmediatas para evitar que una obra de importancia estratégica para la Nación se quede en el limbo.
La Contraloría reiteró la importancia de este megaproyecto para el país y la necesidad de avanzar en su ejecución para evitar pérdidas millonarias y cumplir con los objetivos ambientales y sociales planteados. El panorama, sin embargo, sigue siendo incierto, y el tiempo para corregir el rumbo del proyecto se está agotando.
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