Luego de 18 años de iniciar la asignación de subsidios de vivienda de interés social, que se realizó hasta el 2012, la Contraloría indicó que aún se encuentran 22.284 sin legalizar, afectando a igual número de familias, integradas por más de 90.000 beneficiarios.
“Familias vulnerables y objeto de especial protección por parte del Estado, especialmente víctimas de desplazamiento forzado, con subsidios familiares de vivienda asignados desde hace alrededor de una década, continúan sin acceder a una casa digna y permanecen atadas a proyectos que presentan varios años de parálisis en su ejecución”, señaló el ente de control.
Lo encontrado es parte de una Actuación Especial de Fiscalización que realizó la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico al programa Bolsas Anteriores a la Ley 1537 de 2012, desarrollado por el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda).
Asimismo, hay obras construidas que no prestan servicio alguno, asignación de subsidios a personas fallecidas y unos $7 mil millones depositados en fiducias que no cumplen su destinación.
