La Contraloría General de la República, a través de su Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, ha proferido un fallo de responsabilidad fiscal por un monto de $87.027 millones.
Esta decisión está relacionada con las irregularidades detectadas en la ejecución del contrato de aporte 1043 de 2020, suscrito entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUNTIC) del Ministerio TIC y la Unión Temporal Centros Poblados. El contrato tenía como objetivo llevar conectividad gratuita a zonas rurales apartadas de Colombia mediante la instalación de 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país.
Irregularidades en el contrato y fallo de la Contraloría
El fallo se sustenta en el incumplimiento de la entrega total de los equipos necesarios para la culminación del proyecto, lo que impidió que se alcanzaran los objetivos esenciales del Estado de llevar internet a comunidades rurales apartadas. Según la Contraloría, se probó que hubo una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna por parte de la Unión Temporal Centros Poblados, que no ejecutó el contrato conforme a lo pactado. Esta situación condujo a la terminación anticipada del contrato y al retorno de los recursos públicos.
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Entre los elementos claves de la investigación, se determinó que el consorcio presentó una garantía bancaria falsa, lo que permitió el inicio del contrato y el desembolso de $70.000 millones como anticipo. Sin esta garantía falsa, el contrato no habría comenzado, ni se habrían liberado estos recursos.
Responsables fiscales y omisiones detectadas
El fallo de la Contraloría responsabilizó a las empresas que conformaban la Unión Temporal Centros Poblados y a su representante legal por el incumplimiento en la entrega de los equipos. Además, se declaró responsable fiscal al representante legal de la empresa proveedora de los equipos, debido a su omisión en el cumplimiento de la entrega.
Así mismo, la entidad fiscalizadora encontró responsabilidad en los miembros del consorcio interventor, quienes aprobaron órdenes de pago sin verificar de manera integral la documentación de soporte, incumpliendo las condiciones pactadas para el acceso a los recursos.
Esta falta de control facilitó el giro de recursos, aun cuando los equipos necesarios para completar el proyecto no habían sido entregados. Además, se detectó que el consorcio interventor no solicitó una reunión extraordinaria del comité fiduciario para evitar el desembolso de los recursos, a pesar de la evidente falta de cumplimiento en el cronograma del contrato.
Exoneración de responsabilidad a funcionarios del FUNTIC
En cuanto a los funcionarios del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUNTIC), la Contraloría falló sin responsabilidad fiscal. En el caso de Adriana Meza, representante legal delegada del FUNTIC, se concluyó que no tuvo conocimiento de los incumplimientos del contratista hasta el 20 de mayo de 2021, lo que le impidió tomar acciones oportunas para conminar a la Unión Temporal al cumplimiento de sus obligaciones o suspender los giros.
Respecto a Sandra Orjuela, subdirectora de Gestión Contractual del Ministerio TIC, se demostró que cumplió con los procedimientos legales y funcionales exigibles en la aprobación de las garantías bancarias. Además, la investigación penal probó que fue inducida en error por miembros de la Unión Temporal Centros Poblados, lo que le exoneró de responsabilidad.
Por último, Camilo Alberto Jiménez Santofimio, supervisor del contrato, fue exonerado ya que se probó que no tenía competencia para aprobar órdenes de pago, una responsabilidad que recaía exclusivamente en la interventoría.
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