La Contraloría General de la República concluyó una auditoría financiera al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, descubriendo serias deficiencias en la administración de recursos destinados a los sectores más vulnerables del país.
La revisión, centrada en los estados financieros del organismo al 31 de diciembre de 2023, reveló 21 hallazgos administrativos, de los cuales 17 presentan presunta incidencia disciplinaria y 10 tienen incidencia fiscal, sumando un total de $108.869.283.650. Además, se han solicitado dos aperturas de Indagación Preliminar por $46.717.108.000.
Durante el año 2023, Prosperidad Social recibió una asignación de $9.8 billones para 18 proyectos de inversión. Sin embargo, la ejecución de estos recursos fue deficiente, alcanzando solo un 85% de los compromisos previstos. Se identificó una pérdida de apropiación de $1.459.369.495.179 en 15 proyectos.
La baja ejecución de los programas de inversión se atribuye a múltiples debilidades en la gestión, incluyendo problemas en la aprobación de vigencias futuras, demoras en la revisión de fichas técnicas y en el análisis del mercado, y fallos en los estudios previos y en la publicación de procesos contractuales.
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El informe señala una gestión inadecuada del presupuesto por parte del ordenador del gasto y de los directores responsables, destacando fallas significativas en la planificación, estructuración, ejecución y cumplimiento de los proyectos. Aunque se asignaron recursos para atender necesidades específicas de la población vulnerable, estos no se ejecutaron completamente.
Además, se identificaron deficiencias en la calidad de la información de los programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Compensación del IVA y Colombia Mayor. La falta de exactitud, integridad, y actualización en los datos ha afectado la toma de decisiones dentro de la entidad.
Entre los problemas destacados, se encontraron pagos a beneficiarios fallecidos y a personas que no cumplen con los criterios de elegibilidad. A pesar de los esfuerzos del Grupo Interno de Trabajo Antifraudes, los controles de calidad en la depuración de bases de datos no han sido efectivos. La auditoría reveló transferencias incorrectas a beneficiarios fallecidos y a individuos que no cumplen con las condiciones establecidas, evidenciando un incumplimiento de criterios de permanencia.
Un aspecto relevante es la situación del Programa Jóvenes en Acción, destinado a jóvenes en situación de pobreza. La auditoría reveló que este programa no cuenta con mecanismos para verificar la permanencia de los beneficiarios, permitiendo que aquellos cuyo nivel de ingresos supera los índices de pobreza establecidos continúen recibiendo incentivos. Se detectó que algunos beneficiarios tienen ingresos superiores a un salario mínimo legal y han declarado renta ante la DIAN.
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