La controversia judicial que se ha generado por la investigación a Nicolás Petro, que la Fiscalía General de la Nación adelanta por los presuntos delitos de lavados de activos y por haber recibido dineros de personas vinculadas anteriormente en actividades ilícitas, para financiar la campaña electoral a la presidente de Gustavo Petro Urrego, ha provocado una crisis al interior de la familia presidencial por las recientes declaraciones del primer mandatario de los colombianos expresando que el jefe del ente fiscalizador es subalterno suyo, y que ha despertado una reacción en cadena de toda la rama judicial en respaldo al ente acusador. Resultado de lo anterior, el hijo cuestionado de recursó a la Fiscalía por este proceso que se le adelanta. Por tal motivo, los abogados de Nicolás Petro, sentaron su postura frente a la indagación que se le sigue al diputado del Atlántico: recusaron al fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, y a otros dos funcionarios.
Dicha solicitud está sustentada mediante el argumento de fondo en el ámbito político, a través de los defensores del diputado Petro, que la soportan por las recientes diferencias entre el mandatario de los colombianos y el ente acusador, podrían afectar el proceso contra su cliente, por el presunto recibimiento de 600 millones de pesos de origen ilícito el año pasado, durante la campaña presidencial de su papá. Por eso, Nicolás Petro recusó no solamente al fiscal general, sino también al fiscal Luis Fernando Merchán (especializado en lavado de activos) y al fiscal Mario Burgos (delegado ante el Tribunal de Bogotá), quienes conocen de la indagación previa por lavado de activos. Es un dilema mayúsculo que se presenta en la justicia colombiana. Es la primera vez que un hecho de tal magnitud ocurre en la institucionalidad colombiana, donde ven involucrados el mismo presidente de la república y su hijo.
Dicha recusación tendrá que abordarla y resolverla la Corte Suprema de Justicia. Paralelo a esta controversia judicial, el presidente de la República debe ante todo abstenerse de generar comentarios que vayan en contra de la armonía y de la separación del poder público. Una de las principales debilidades del presidente Gustavo Petro es su ligereza al referirse a la institucionalidad colombiana. Sus declaraciones emitidas durante su periplo por España y Portugal no son las más adecuadas. Igualmente, la respuesta del Fiscal fue aprovechada para expresar ante la opinión pública nacional e internacional, sobre las inconvenientes expresiones del primer mandatario de los colombianos. Lo anterior, puede generar una complicación adicional al proceso de investigación que adelanta en contra de su hijo Nicolás. Esta situación no debe convertirse en una justicia espectáculo. La sociedad colombiana, espera una claridad sobre los hechos sucedidos en la financiación de la campaña presidencial.
