Una decisión judicial ordenó de manera provisional reintegrar una estudiante que había sido expulsada por protestar por las malas condiciones académicas. Ocho estudiantes les cancelaron sus matrículas por protestar.
DIARIO DEL HUILA, INVESTIGACIÓN
CARLOS ANDRÉS PÉREZ TRUJILLO
El Juzgado Sexto Penal de Circuito le dio una orden contundente a la Corporación Universitaria del Huila –Corhuila-: debe reintegrar de manera inmediata a la estudiante Brenda Yurani Calderón Peña a las aulas de clase para que inicie su noveno semestre.
Aunque la medida es provisional, hasta tanto se decida la tutela de fondo, la juez no medió palabras en ordenar al rector Óscar Chávarro y al Consejo Académico, permitir a la estudiante iniciar su noveno semestre de programa de pregrado en Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Calderón Peña es la primera estudiante de ocho, que interpuso tutela tras haber sido expulsada de esta universidad, por protestar pacíficamente al pedir mejores condiciones académicas para su carrera. La respuesta de la universidad fue sancionarla en un tiempo record.
Tal y como lo anunció este medio de comunicación hace unos días, esta semana se venía la cascada de tutelas que pedían garantías a su debido proceso, el derecho a la protesta y por su puesto el derecho a la educación. “Así las cosas, a fin de garantizar la eficacia de una decisión definitiva y en aras de evitar la consumación de un perjuicio irremediable frente a una situación inminente, necesario resulta acceder a la medida provisional solicitada”, indicó el juzgado al reconocer la necesidad de garantizar el derecho a la educación de la estudiante.
El derecho a la protesta
Aunque llamamos al rector de la institución educativa, Óscar Chávarro, y al decano de la Facultad de Veterinaria, fue imposible obtener una respuesta de la institución.
Por el contrario, la estudiante Brenda Yurani se mostró complacida con esta decisión, aunque espera con ansias la decisión final del juzgado. “Se ha tomado una decisión positiva frente a los intereses alegados en mi tutela, que fue radicada alrededor de cuatro días, es positiva en el sentido de que yo pueda iniciar mis clases que arrancarían este 8 de agosto. En aras de evitar que yo pierda las clases y que se me genere un daño irremediable por parar mis estudios ya que voy a iniciar uno de mis últimos semestres que se ven de manera teórica, ya solo me faltaría este semestre y el semestre de práctica”, indicó.
Para Calderón la felicidad no es completa “pues mis compañeros no han podido radicar las tutelas, yo espero que en el transcurso de la semana lo puedan hacer y se les de una medida provisional y ellos continúen estudiando. Eso me interesa muchísimo. Espero con mucha atención la respuesta a los demás intereses”.
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Por otro lado indicó que para ella el derecho a la protesta pacífica es un derecho reconocido por la Constitución, por la jurisprudencia, la ley y tratados. “Es un derecho fundamental para cualquier tipo de democracia, que cualquier parte del pueblo se le permita expresar sus inconformidades, ya sea ante autoridades públicas o privadas. Quiero recalcar esto último, y es que nos permite expresar las inconformidades, lo que no nos parece bien. Yo creo que el derecho a la protesta pacífica es lo que diferencia entre una democracia y una dictadura”, recalcó Brenda.
El contexto del conflicto
Los hechos iniciaron el 16 de marzo en la sede de Prado Alto de Neiva. Allí, un grupo de más de 60 estudiantes de la Corhuila le pidieron a la universidad mejorar los ‘vacíos’ académicos, aclarar la obligatoriedad de ocho niveles del área de inglés, que estando fuera del plan de estudios (pensum) ellos los tienen que pagar, cada nivel a $469 mil, según el relato de estudiantes; quienes también piden disminuir el alto costo de la matrícula.
Los estudiantes que se acercaron, sabían que en las escaleras de la entrada principal de la universidad en Prado Alto el sindicato había convocado una jornada de protesta por el maltrato administrativo a algunos docentes.
Los videos que muestran la protesta
Lo que ocurrió ese día, y de lo cual da cuenta un video es que las puertas de la universidad se cerraron, por orden al parecer del rector, según como se muestra en el video; y los estudiantes no pudieron ingresar a ver las clases. Los trabajadores tampoco pudieron entrar y salir de este lugar.
Ese día, el rector estaba en la Asamblea General al interior de la universidad (según el relato de algunos involucrados), a quien le pidieron que saliera y hablara con los estudiantes pero finalmente no lo hizo.
Al día siguiente nuevamente se acercaron a la universidad a manifestarse, esta vez en la sede del barrio Quirinal. La Policía ingresó a la universidad y les advirtió que las universidades públicas y privadas estaban en paro, por eso se cerraron. “Yo les dije que no, que eso no era verdad. Entonces los policías, manifestaron que los dejaran pasar que el rector los había llamado”, dijo una estudiante que ese día estuvo en el lugar.
Entre las 9.35 y las 10.00 de la mañana pusieron unas cintas al frente de la puerta principal de la universidad en la sede Quirinal. Pese a esto las personas tuvieron ingreso como se evidencia en algunos videos de la universidad, donde, incluso, hasta ingresa una persona de la tercera edad, integrante del Consejo Superior.
Según relatan algunos denunciantes, ese día no estaba el decano de la Facultad de Veterinaria, Eduardo Castillo Losada, quien fue el que inició el proceso disciplinario
El proceso disciplinario
Tras estos hechos, la universidad Corhuila el 13 de abril les notificó a ocho estudiantes que iba a ser investigados disciplinariamente por haber incurrido en una conducta gravísima.
Así fue. Los investigaron y rápidamente los sancionaron con la cancelación de la matrícula. Según las consideraciones de la primera instancia aquel 17 de octubre se adelantaron una serie múltiple de “actos orientados a alterar el normal funcionamiento académico y administrativo de la Corporación, en momentos en que los estudiantes de todos los programas recibían sus clases y los trabajadores de las áreas administrativas desarrollaban sus tareas cotidianas, alterando así la tranquilidad y el orden de la comunidad, eventos que incluso llegaron a poner en riesgo la confiabilidad de instrumentos ideados para la seguridad y prevención de emergencias al interior de la institución como que activaron indiscriminadamente la alarma contra incendios, generando pánico en todo el personal”.
Lo cierto fue que a los estudiantes se les endilgó frases injuriosas (como esta “La plata [En la CORHUILA] no alcanzaba porque ellos se la robaban”), como también por obstruir el ingreso y salida de personal; obstaculizar el libre desarrollo académico, generar conductas que lesionen la libertad, honra y buen nombre de las personas.
La respuesta de los estudiantes
“Estos cargos no son ciertos: por la puerta principal entraron las personas, la abrían y la cerraban, y por la parte del parqueadero siempre estuvo habilitada. Los docentes siguieron con sus clases normalmente”, es más, en unas conversaciones de chat se evidencia que los docentes siguieron las clases en normalidad, relató una de las estudiantes.
“En la apelación y descargos nos defendimos, y aun así dijeron que la decisión final era expulsar a cuatro estudiantes de forma definitiva, lo que significa cancelación de matrícula. Apoyamos la protesta, pero no hicimos lo que se nos dice que hicimos”, recalcó uno de los afectados.
Se espera que esta semana los otros estudiantes disciplinados inicien las acciones de tutela, que muy posiblemente soliciten medidas provisionales del reintegro a las clases.
Lo que ordenó el juez
El Juzgado Sexto Penal de Circuito, dentro de los requerimientos que le hizo a la Corhuila fue: “Vincular al Consejo de Facultad Ampliado –Consejo de Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencias Afines y Consejo de Facultad de Ingeniera– de la CORHUILA y al Consejo Superior Universitario de la CORHUILA, por cuanto sus intereses podrían verse comprometidos con la resolución de fondo del asunto”.
Además le pidieron al rector y demás dependencia de la universidad, para que informen el nombre y cargo del funcionario encargado de satisfacer las pretensiones del accionante. Por otro lado, solicitaron el reglamento por medio del cual sancionaron a los estudiantes.
